La Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación interpuesto por el alcalde del municipio de Chiriguaná, José Carmelo Galiano, en contra de la sentencia en segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar.

Así las cosas, el Tribunal ratificó la condena de 54 meses de prisión para Jos{e Carmelo Galiano por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en calidad de autor.

La decisión tiene como ponente al magistrado Carlos Roberto Solorzano, cuya actuación se dio el 23 de octubre de 2024.

El fallo confirma además una multa de 106 salarios mínimos mensuales vigentes para la época, y lo inhabilita para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 66 meses. Este proceso legal inició en setiembre de 2023, poco antes de las elecciones regionales en las que resultó electo Galiano. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiriguaná condenó en primera instancia al entonces candidato.

En septiembre de 2023, en medio de su campaña por la Alcaldía, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Chiriguaná ya había condenado en primera instancia a José Carmelo Galiano.

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la Ley 2381 de 2024, mediante la cual se establece el “Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común”, la reforma pensional del presidente Gustavo Petro. La petición se presenta como un concepto en medio del estudio de la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia.

En su demanda, Valencia argumenta que durante el proceso de aprobación de la reforma se desconoció el artículo 157 de la Constitución, que exige que cada cámara discuta y vote las propuestas en todas sus etapas. Según la senadora, la Cámara de Representantes “eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República sin deliberación ni explicación de los ponentes sobre las diferencias con la ponencia de segundo debate”.

Por su parte, la Procuraduría argumenta que el “vicio insubsanable” en el trámite legislativo de la ley amerita declarar su inexequibilidad completa. Por ello, pide a la Corte Constitucional anular toda la reforma pensional, en línea con el concepto presentado en el proceso.

Los argumentos de la Procuraduría:

Para el Ministerio Público el proceso legislativo en la Cámara de Representantes vulneró principios constitucionales esenciales, como el principio democrático y la consecutividad en el trámite parlamentario.

Según la Procuraduría, la Plenaria de la Cámara “eludió la deliberación” en el cuarto debate del proyecto al aceptar sin discusión el texto aprobado previamente por el Senado. No se dio oportunidad para que los congresistas evaluaran temas sensibles como los impuestos a pensiones altas, la transición del sistema, la sostenibilidad fiscal, entre otros, ya que la Mesa Directiva limitó las intervenciones a dos minutos por participante. Además, el tiempo se redujo de forma abrupta al aprobar una solicitud de “suficiente ilustración”, negando el derecho de palabra a quienes querían expresar su posición.

La Procuraduría también cuestiona la metodología adoptada, que llevó a una votación en bloque sin permitir una discusión adecuada de cada artículo. La entidad considera que esta premura, motivada por el argumento de una posible dilación por parte de la oposición, afectó el principio democrático, ya que no se siguieron los procedimientos constitucionales para resolver las discrepancias en los textos aprobados por ambas cámaras.

Además del vicio de procedimiento, el concepto de la Procuraduría señala que algunos artículos de la ley vulneran derechos sociales. Entre ellos, el artículo 84.5, que impone cargas tributarias a las pensiones altas, y que, según la entidad, infringe el principio de progresividad. “Aunque el artículo 93 —que establece beneficios para grupos étnicos— fue considerado conforme a la Constitución, la Procuraduría mantiene que el vicio en el trámite legislativo hace insubsanable toda la ley”.

En conclusión, la Procuraduría solicita tumbar toda la Ley 2381 de 2024, argumentando que se vulneraron derechos fundamentales al sacrificar el debate sustantivo y democrático sobre una reforma crucial para el sistema pensional colombiano.