La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgar la personería jurídica al partido Defensores de la Patria sigue generando controversia al interior de la corporación, luego de que dos de sus magistrados expusieran posturas completamente opuestas sobre la legalidad de la medida.
La magistrada Alba Lucía Velázquez, quien salvó su voto durante la decisión, aseguró que el reconocimiento del partido desconoce lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política, norma que fija las condiciones para el otorgamiento de la personería jurídica a los partidos y movimientos políticos. Según indicó, el debate jurídico podría terminar siendo resuelto por el Consejo de Estado.
«Salvé voto porque la Constitución establece un régimen específico y taxativo para el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. El artículo 108 no consagra un criterio abierto de representatividad», afirmó la magistrada.
En contraste,el magistrado Álvaro Hernán Prada defendió la determinación adoptada por el CNE y sostuvo que el análisis no puede limitarse únicamente al artículo 108 de la Carta Política. Explicó que también deben tenerse en cuenta principios constitucionales como la soberanía popular, la democracia participativa, el pluralismo político y la eficacia del voto.
Prada argumentó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha permitido, e incluso obligado, al Consejo Nacional Electoral a reconocer personerías jurídicas por vías distintas al cumplimiento del umbral electoral del 3 % exigido para las elecciones al Congreso.
Como respaldo a su posición, recordó antecedentes como los de la Unión Patriótica, el Nuevo Liberalismo y Colombia Humana, movimientos que obtuvieron su personería jurídica mediante decisiones judiciales. En particular, destacó que la sentencia SU-316 de 2019 permitió que Colombia Humana recibiera ese reconocimiento tras haber ocupado el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2018.
Con estas posiciones encontradas, la decisión del CNE continúa generando un intenso debate jurídico y político, mientras crecen las expectativas sobre una eventual demanda ante el Consejo de Estado, instancia que podría definir de manera definitiva la validez de la personería jurídica concedida a Defensores de la Patria.