Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
“En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”, les enseñaba Ignacio de Loyola a sus pupilos jesuitas, para señalar que en momentos de crisis es mejor no tomar decisiones irreversibles, trascendentales, como califiqué en mi anterior columna las que pudiera tomar la Mesa de Diálogos con el ELN en la ronda que hoy avanza en Caracas.
Ahora bien, pareciera que la crisis es el estado natural de estas negociaciones, que hoy se debaten entre el inaceptable anuncio de la reanudación de las retenciones con fines económicos, que no son otra cosa que secuestro extorsivo puro y duro, y la no menos inaceptable propuesta de Modelo de Participación presentada por el Comité Nacional de Participación a la Mesa de Diálogos, plagada de equívocos y desbordamientos a los que ya me referí ampliamente y hacen parte de una carta que le envié a Vera Grabe, jefe de la delegación gubernamental de la cual hago parte, en la que, entre otras cosas, expresé mi recomendación de aplazar cualquier decisión sobre el particular.
La crisis fue también una constante en las negociaciones entre un gobierno claudicante y unas Farc extorsivas que pregonaban tener unidad de mando y no la tenían, pero Santos, perdónenme la expresión, “se hizo el pendejo” y el resultado lo estamos viendo en Cauca y en todas las zonas de control territorial y violencia narcoterrorista de unas disidencias que hacen la guerra mientras dicen querer la paz.
Hoy, sin embargo, la situación está enmarcada por una consideración legal y dos situaciones sobrevinientes: La primera se refiere a que la Delegación no puede ir más allá de las atribuciones que reciba del Gobierno como delegante, y este, a su vez, no puede sobrepasar sus propias atribuciones dentro de la separación de poderes del Estado de Derecho. Así las cosas, cualquier Acuerdo suscrito por la Delegación con el ELN, que requiera de un soporte legal o constitucional inclusive, excede las atribuciones de la delegación y de su delegante, el Gobierno, que no puede invadir las competencias del Congreso de la República.
De ahí la necesaria prudencia, esa “que hace verdaderos sabios”, frente a la firma de Acuerdos que no son “vinculantes” automáticamente, sino supeditados al trámite democrático en el Congreso, pero sí pueden generar expectativas en una sociedad que, aupada por el Gobierno mismo, empieza a pensar que su participación directa ya es ley para las partes.
La primera situación nueva se refiere a que hoy el ELN se quedó solo como la última guerrilla comunista, pues, mal que bien, las Farc negociaron y, se supone, desaparecieron. En ese sentido, las tales disidencias deberían ser tratadas como lo que son: grupos armados narcoterroristas que podrían negociar sometimiento a la justicia, pero nunca propuestas de transformaciones de paz, oportunidad que ya tuvieron y desperdiciaron.
La segunda es pragmática: Hoy tenemos presidente de izquierda y miembro amnistiado de otra guerrilla comunista, es decir, un gobierno con mayor afinidad y con el cual no solo debería ser más fácil negociar, sino que, de no hacerlo, podría representar la última oportunidad para el ELN.
Hasta donde sea posible, entre el escepticismo que no desaparece y la esperanza a la que me aferro, seguiré aportando a partir de mis convicciones en defensa de la sociedad, la ley y el orden constitucional.
El ELN, por su parte, deberá entender que la voluntad de paz no es apenas un discurso desconectado de la realidad del país, de la que está lejos si continúa hostigando a la población. Solo renunciando a hacerlo podrá ganar la credibilidad que hoy no tiene y darles a las negociaciones la legitimidad que necesitan.