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Defensoría del Pueblo había advertido sobre los grupos criminales que mantienen la tensión en Barranquilla

Desde agosto de 2020 se emitió la alerta por la Defensoría del Pueblo que advirtió sobre los hechos violentos que hoy mantienen la tensión en Barranquilla y su área metropolitana.

Según la alerta temprana emitida por la entidad, esta se envió en su momento para activar los protocolos que evitarían los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, la libertad y seguridad personal, libertades civiles y políticas e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, derivados de la presencia y actividad de organizaciones armadas ilegales.

Entre las bandas delictivas, se mencionaron grupos vinculados a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, además del control local ejercido por ‘Los Costeños’, ‘Los Papalopez’ y ‘Los Vega’, a los que se sumaron bandas como ‘Los Maleán’, provenientes de Venezuela.

Pese a las advertencias, el cúmulo de grupos criminales con presencia en Barranquilla y en municipios como Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa ganaron terreno, causando la crítica situación de inseguridad actual a través de “una estrategia de control territorial que busca garantizar el monopolio de las economías ilegales del narcotráfico, las extorsiones, la trata de personas, entre otras actividades ilícitas y que en su conjunto configura un preocupante escenario de riesgo para el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales de la población civil que se encuentra expuesta y vulnerable a la presencia e imposición de mecanismos violentos de estos grupos”.

Por esta razón, la Defensoría había pedido a las alcaldías la realización de Consejos de Seguridad en el Distrito y los municipios, para fortalecer la estrategia de seguridad, teniendo en cuenta el riesgo que corría la población y la exposición que esta podía tener a situaciones de enfrentamientos, ajuste de cuentas, disputas por el control territorial, imposición de normas de convivencia por las estructuras y agresiones a líderes y miembros de la sociedad civil.