Mientras el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, asegura que ha habido avances frente a la disminución de amenazas contra líderes sociales por el trabajo conjunto del Gobierno Nacional y diferentes entidades estatales, la Defensoría del Pueblo lamentó que dos miembros de la Unidad Nacional de Protección resultaran heridos en un atentado contra Francia Márquez y miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, pues se había advertido del riesgo.
“Este lamentable hecho, que provocó lesiones a dos miembros de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sucede en el contexto de las reiteradas advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo desde el mes de marzo del año 2017 donde se ha descrito el riesgo al cual se encuentran expuestos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, dijo.
Así mismo, señaló que había advertido el pasado 26 de abril a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas, del “aumento de amenazas en contra de organizaciones como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN)”.
La Defensoría del Pueblo insiste que, aunque el trabajo de la UNP es de resaltar, lo que se necesita es un cambio en la protección de los líderes.
“Ante esta neurálgica situación que padece el norte del Cauca, se hace necesario implementar acciones que involucren a todas las agencias del Estado en la adopción de medidas efectivas en pro de superar los factores que amenazan y generan vulnerabilidad a defensores y defensoras de derechos humanos, que vayan más allá de los esquemas de protección individual que en ocasiones no son efectivos para las particularidades del territorio”, señala.
Lo que se necesita, indica la entidad, son medidas de seguridad social y de fortalecimiento comunitario, y llama al Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública, “a adoptar una conducta conforme al estándar de debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, especialmente para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció este atentado y dar con sus responsables”.