Una grave crisis humanitaria se vive en la capital del Cesar tras el desplazamiento forzado de 86 indígenas kankuamos, entre ellos 41 menores de edad, quienes debieron abandonar su territorio ancestral en el corregimiento de Sabana Crespo, luego de un conflicto territorial con miembros del pueblo arhuaco.
Los desplazados permanecen actualmente albergados en condiciones precarias en la Casa Indígena de Valledupar, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios, ni elementos básicos para su subsistencia. La situación ha encendido las alarmas de la Defensoría del Pueblo, que viene acompañando a la comunidad con atención humanitaria, legal y de verificación en terreno.
El conflicto, que se remonta al 28 de abril, se originó con el ingreso de arhuacos al predio Monte Sión, legalmente adquirido por los kankuamos en agosto de 2023 con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Los arhuacos consideran dicho predio como parte de su territorio ancestral, lo que derivó en enfrentamientos que dejaron al menos 20 personas heridas, incluida población infantil.
Según denuncias de los afectados, 17 viviendas fueron destruidas y varias más incendiadas, lo que forzó a las familias a huir en busca de protección. «Por salvar nuestras vidas, nos tocó correr», relató Juvenal Darío Arias, uno de los líderes desplazados, quien pidió al Gobierno nacional «garantías para regresar en paz» y aseguró que esta es la tercera vez que su comunidad sufre desplazamiento forzado.
La Defensoría del Pueblo activó de inmediato un corredor humanitario para evacuar a los heridos y proteger a los más vulnerables. A la fecha, se han realizado visitas a los sectores afectados, como Monte Sión y Los Laureles, donde se identificó una grave afectación a los derechos de 74 familias, incluidas 70 niñas y niños, cuya situación sigue siendo incierta por la falta de comunicación y restricciones de acceso.
Aunque la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar han comprometido la entrega de alimentos y colchonetas, el apoyo sigue siendo insuficiente. Por ello, la Defensoría hace un llamado urgente al Gobierno Nacional, organismos de socorro y entidades competentes para que se garantice atención en salud, kits de aseo, condiciones dignas en el albergue y un proceso seguro de retorno con garantías de permanencia.
“Pedimos al presidente Petro que mire esta situación. Nosotros no estamos invadiendo ni quitando nada a otra comunidad. Solo queremos vivir en paz en nuestras tierras”, reiteró Arias, quien advirtió que no regresarán sin condiciones seguras.