El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, le entregó al Gobierno Nacional un documento que detalla el mapa de riesgos que afronta gran parte del país en 402 municipios y 16 subregiones, donde están quienes aspiran a ocupar cargos públicos en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre y alerta sobre amenazas y medidas de prevención para proteger a los candidatos y fortalecer la democracia.
“Por el trabajo en terreno se pudo establecer que son 78 los municipios que tienen un nivel de riesgo extremo, en donde hay disputa entre grupos armados ilegales o con la fuerza pública; hay economías ilegales; vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado”, advierte el documento de la Defensoría.
Además de estos 78 municipios en riesgo extremo, hay otros 176 en riesgo alto y 164 en riesgo medio.
La población en riesgo, según las alertas tempranas, son candidatos y miembros de partidos políticos, ex combatientes y militantes del partido Farc, líderes sociales y defensores de derechos humanos, miembros de grupos étnicos y funcionarios públicos encargados de la vigilancia y control de los comicios.
Las regiones de mayor peligro para los candidatos son Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca.
El Defensor del Pueblo, señaló a siete grupos armados ilegales “que tienen capacidad de injerencia o perturbación en los comicios: ELN; EPL; AGC; las autodenominadas disidencias de las Farc-EP; los Grupos Armados Ilegales Post Desmovilización de las AUC (por ejemplo Caparros, Pachenca, Rastrojos, la Oficina del Valle de Aburrá); otros grupos armados ilegales – GDO (por ejemplo Pacheli, La Constru, Cordillera y otras bandas organizadas) y algunas expresiones armadas sin posibilidad de determinar su origen o nombre”.
Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, “los grupos armados ilegales tienen interés de intervenir y lograr penetrar a las administraciones públicas mediante estrategias diversas, todas ellas impregnadas de la forma particular de actuación que dicte la lógica de la confrontación armada o la conflictividad social en el territorio”.
Subraya el informe que el ELN, EPL y las disidencias FARC “han proferido públicamente en diversos territorios, intimidaciones contra personas contrarias a sus posiciones políticas de cara a las próximas elecciones; de hecho, a nivel municipal, han intentado presionar algunos sectores políticos (como el caso del ELN en el piedemonte Araucano contra el Centro
Otros grupos como las Autodefensas Gaitanistas y otros de post desmovilización de las Autodefensas “hacen público su interés por la injerencia en la política ya que se ubican en territorios controlados (como el caso de la Mojana Sucreña y Bolivarense) y por medio de acciones de violencia ejemplarizante e intimidación directa a candidatos o partidos”, señala el documento de la Defensoría del Pueblo.