La fiscal Muñoz narró que la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría sido fundamental dentro de la organización criminal que se conformó para saquear a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Según relató, el ministro Bonilla fue determinante en la entrega de contratos de la UNGRD a los congresistas de las comisiones terceras que están directamente relacionadas con el presupuesto.
También dijo que la exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, el actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González y la exconsejera presidencial para las regiones, también tuvieron una participación decisiva dentro de este entramado de corrupción.
“Usted, señor Sneyder, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla”, explicó la fiscal.
La Fiscalía sostiene que Carlos Ramón González habría ordenado pago de coimas a congresistas.
También detalló la presunta participación de César Augusto Manrique, actual director de la Función Pública.
La investigación de la Fiscalía advierte que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, habría ordenado el pago de los sobornos a los congresistas y que en este proceso se habría utilizado a Sandra Ortiz.
“Usted, señor López, coordinó la entrega de $ 3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Dapre”, afirmó la fiscal.
Sobre el actual director de la Función Pública, César Augusto Manrique, la delegada de la Fiscalía dijo que, al parecer, tuvo interés en contratos direccionados a cambio de sobornos.
Señaló que Manrique al parecer “se interesó de manera ilícita, junto a otras personas, en múltiples órdenes de proveedurías y contratos direccionados a los empresarios a los que se les adjudicarían los contratos a cambio del pago de coimas”.