En Bogotá fue legalizada la captura de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, a quien un juez le dio detención intramural, por lo que será recluida en la cárcel Judicial de Valledupar.
Pinto Pérez se entregó la mañana del domingo en la comandancia de la Policía de Riohacha de donde fue llevada al bunker de la Fiscalía en la capital del país, para las audiencias de legalización de captura.
La exgobernadora era buscada desde julio del año pasado, luego de que se fugara de una audiencia que se le realizó en los juzgados de Paloquemao.
A Pinto Pérez la Fiscalía la acusa de presuntas irregularidades en la instalación de adoquines en varias vías del municipio de Albania, cuando se desempeñó como alcaldesa.
Según el ente acusador, la exmandataria habría creado la fundación Princesa Negra, a través de la cual supuestamente, le realizaron la auditoría al contrato por 12 mil millones de pesos, que tenía por objetivo la instalación de adoquines.
Es así como para la Fiscalía existió un supuesto detrimento de más de 5.900 millones de pesos, por lo que en 2019 le imputaron los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que la exgobernadora habría contratado simpatizantes suyos y montó toda una logística para hacer la auditoría al contrato, el cual era supervisado por un primo de esta, quien ejercía como jefe de ejecución de la obra, a quien le giraban los cheques para el pago de la nómina y el remanente se los enviaban a Pinto Pérez.
De igual modo, dijo el ente acusador que la selección del contratista fue amañada, pues además se buscaba apalancar la campaña electoral por medio de la contratación de más de 2.000 personas, quienes eran los encargados de la obra y a los que les habrían pagado sin haber laborado.
Esta no es la única investigación que tiene la exmandataria, pues la Fiscalía también la investiga por un convenio interadministrativo entre la alcaldía de Albania y el hospital San Rafael de ese mismo municipio, el cual tenía por objetivo reducir los índices de mortalidad en niños de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas, por un valor de $18.900 millones y en el que el evidenciaron la pérdida de 6.900 millones de pesos.