Este martes 12 de mayo se conoció que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, rechazó la solicitud del gobierno Petro de suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo.
La funcionaria decidió firmar una resolución en la que no accede a las pretensiones del Gobierno Nacional de levantar las órdenes de captura contra varios los miembros del grupo criminal, medida con la que se vería beneficiado Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, tras la extradición de alias Otoniel.
Además, la resolución incluye a Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo.
La propuesta buscaba un proceso de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, antes Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Ante, la Fiscalía condicionó la suspensión de órdenes de captura con el cumplimiento de una serie de compromisos como: “el cese de crímenes que vulneren el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la entrega de menores reclutados y el fin de las actividades económicas ilícitas”.
Vale mencionar que la suspensión que solicitaba por el gobierno del presidente Gustavo Petro también operaba sobre aquellas órdenes con fines de extradición.
Además, permitía que estos líderes se movilizaran hacia puntos específicos de concentración, en un proceso que iniciaría el próximo 25 de junio y para el que se han definido dos puntos geográficos para este fin: Tierralta, en Córdoba, y Belén de Bajirá, en Chocó.