La Superintendencia Nacional de Salud ordenó una nueva toma de posesión e intervención forzosa administrativa sobre la Nueva EPS, mediante la resolución del 10 de abril de 2026, en medio de un panorama marcado por fallas financieras, operativas y en la atención a los usuarios.
La medida, que se extenderá por un año, busca que el Estado mantenga el control de la entidad mientras se evalúa su viabilidad. Según el documento, la decisión se adopta porque la EPS “continúa incumpliendo las causales” que dieron origen a la intervención inicial, iniciada el 3 de abril de 2024.
En la resolución se establece de manera explícita que “se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a NUEVA EPS S.A.”, una medida que le permite al Gobierno asumir la dirección de la entidad con el fin de corregir sus fallas estructurales.
De hecho, recordemos que el presidente Petro designó en los últimos días al médico y exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina para administrar dicha entidad.
“Antes de recibir más usuarios, nosotros tenemos que darnos a la tarea de capitalizar, de hacer todo el recorrido apropiado para que los estados contables sean justos, adecuados y reflejen la realidad financiera de la empresa”, explicó.
La resolución señala que este tipo de intervención tiene como propósito determinar “si la entidad debe ser objeto de liquidación o si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social”, dejando abierta la puerta a un eventual cierre si no se logran mejoras.
Además, los hallazgos técnicos evidencian problemas graves en la prestación del servicio. De acuerdo con el informe.
“Persisten fallas que afectan la atención del afiliado durante la prórroga de la intervención, especialmente en aspectos como la entrega de medicamentos, el acceso a especialistas y la continuidad de tratamientos”, indica el documento.
Asimismo, la Superintendencia advierte que hay el “crecimiento anual del 14,25% en las solicitudes radicadas (…) refleja persistentes dificultades en la oportunidad y disponibilidad de los servicios”, lo que evidencia un deterioro en la experiencia de los afiliados.
El frente financiero tampoco muestra señales de recuperación. La Superintendencia advierte que esta falta de procesamiento impide conocer con certeza el pasivo real y la razonabilidad de los estados financieros.
Estas dificultades, según el documento, “generan riesgos en la aplicación adecuada de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, lo que impacta no solo a la entidad sino a toda la red de prestadores.
Cabe resaltar que si bien la Nueva EPS ha registrado crecimiento en el número de afiliados, la Superintendencia concluye que esto no se traduce aún en mejoras verificables en el acceso, oportunidad ni continuidad de los servicios.
Órdenes al nuevo interventor, Jorge Iván Ospina
Como parte de las órdenes, la Superintendencia impuso nuevas obligaciones al interventor. En el artículo octavo, se dispone que deberá entregar informes periódicos a la entidad de control, los cuales serán evaluados por la Dirección de Medidas Especiales. En ese sentido, se establece que “dentro de los veinte (20) primeros días calendario de cada mes” deberá presentar reportes con análisis financiero, jurídico, técnico y administrativo de la EPS.
Además, Ospina deberá e implementar un plan de trabajo, dentro del término de treinta (30) días calendario siguientes a su posesión que será evaluado, discutido y aprobado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS.