Politica

Gobierno radicó mensaje de urgencia para trámite de Ley de Orden Público

El Gobierno radicó ante el Congreso de la República la solicitud de mensaje de urgencia al proyecto que prorroga la ley de 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, que mantiene la facultades al presidente para adelantar conversaciones de paz. 

“La referida iniciativa legislativa tiene como objetivo definir la política de paz de Estado, la cual será prioritaria en los asuntos del Estado, transversal a estos, e integral, tanto a lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia. Así mismo,  afirma que la política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones para darle cumplimiento. Así mismo esta iniciativa legislativa se plasma a cargo de los diferentes gobiernos el deber de garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, de manera que tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”, dice el documento. 

Esta, que fue radicada en días pasados, con el mensaje de urgencia sería debatida en comisiones conjuntas y luego en plenaria. La intención del gobierno es acelerar el trámite. 

“Por lo expuesto, y dada la importancia que revisten los temas tratados en el proyecto de Ley 160 de 2022 Cámara, y considerando que la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 tiene vigencia hasta el 17 de diciembre de 2022, conforme a los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 1941 de 2018, solicito respetuosamente al honorable Congreso de la República dar trámite de urgencia al Proyecto y, en consecuencia, se disponga su deliberación conjunta en las respectivas Comisiones Constitucionales Permanentes, de conformidad con los procedimientos constitucionales y legales ordinarios”, señala el documento firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada. 

Este proyecto permitiría a alcaldes y gobernadores para que  logren acuerdos humanitarios. Contempla la designación de comisionados de paz regionales, que serían, hasta hora, 9.  Incluye un artículo con el que se crea el Servicio Social para La Paz como alternativa al servicio militar obligatorio.