La Fiscalía General de la Nación ordenó devolverle casi 2.000 millones de pesos a Carlos Mattos, el empresario condenado por corrupción. El exrepresentante legal de Hyundai recibirá el dinero de la indemnización que había consignado durante el preacuerdo, el cual fue retirado por el ente acusador.
El documento lo conoció en exclusiva Caracol Radio y en él se detalla la cifra exacta a devolver: 1.966′480.000 pesos, “como parte del preacuerdo del 18 de febrero de 2022″. El total corresponde a dos pagos de indemnización a las víctimas del caso que realizó Mattos en marzo de este año.
La orden de devolución está firmada por Ivett Lorena, la gerente del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la misma entidad. El documento se expidió el 15 de septiembre con destino a la jefe de Tesorería de la Fiscalía.
EL PROCESO
Hace un año, el empresario fue extraditado de España por haber comprado jueces, abogados e ingenieros de la Rama Judicial para que la representación legal de Hyundai en Colombia quedara en sus manos. Desde un principio, Mattos buscó un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que terminó aceptando su responsabilidad en el escándalo de corrupción e incluso ofreció disculpas por sus acciones.
Este miércoles 9 de noviembre, el juez 11 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá encontró culpable a Carlos Mattos del delito de cohecho y lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión. “La sentencia también estableció el pago de una multa equivalente a 131 salarios mínimos mensuales legales vigentes y dispuso una inhabilidad de 108 meses para ejercer derechos y funciones públicas”, destacó la Fiscalía en un comunicado de prensa.
El ente acusador logró demostrar que el empresario sobornó a una juez civil de Bogotá por medio de un tercero. Mattos le entregó 100 millones de pesos para que “reafirmara una decisión que favorecía a su empresa y le permitía comercializar en Colombia los vehículos de una reconocida multinacional coreana”.
Este nuevo fallo surgió como respuesta del proceso de investigación de tres meses, que empezó después de que el Tribunal Superior de Bogotá anulara la anterior condena de 9 años, 5 meses y 10 días en detención intramural.
La entidad consideró que el ente acusador investigara si el patrimonio del empresario había aumentado mientras cometía los actos de corrupción: “Para acceder a la rebaja de la pena, debe reintegrar por lo menos el 50 % del valor equivalente al incremento percibido y asegurar el recaudo del remanente”.
No obstante, con los hallazgos de la Fiscalía revelados el pasado 31 de octubre se determinó que no hubo incremento patrimonial. El fiscal del caso, Daniel Hernández, destacó que “el ejercicio comercial, entre el 6 de abril y diciembre de 2016, arrojó perdidas”.
Por esa razón, el procesado no pudo obtener ningún beneficio patrimonial, “por cuánto no hubo lugar a que se hiciera reparto de dividendos”, sin contar que solo poseía el 14 % de las acciones de la empresa de la que era representante legal.