La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exgobernadora del Magdalena Rosa Cotes de Zúñiga (2016-2019) por presunto fraccionamiento de contratos para la prestación de servicios de comunicación en 2016.
En este proceso también se encuentran a los entonces jefes de la Oficina Jurídica y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo, Eduardo Rafael Rodríguez Orozco y Elkin Leandro Carbonó López, respectivamente.
Al parecer estos jurídicos fueron celebrados el 18 de marzo de 2016 con la empresa IVM Marketing Publicidad SAS por $300 millones; el 14 de abril del mismo año con Aremilde Pinto por $431 millones y ese mismo día con Producciones Yijanith Franco EU por $431.800 millones.
Para el ministerio Público la exgobernadora no habría adelantado las acciones de vigilancia y control pertinentes frente a estos bilaterales celebrados para prestar el servicio de difusión masiva de la información institucional, pues al parecer, la única variación de un contrato a otro fueron los medios de comunicación que se debían utilizar para prestar el servicio.
Lo que al parecer causó un fraccionamiento del objeto contractual para evitar el proceso de selección abreviada que correspondía adelantar en este caso, teniendo en cuenta que la sumatoria del valor estipulado para cada contrato asciende a $1,162,800,000.