La aprobación de esta indemnización a las mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú, se da gracias a la campaña que promovió la excongresista indígena Tania Pariona en compañía de la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).
Aunque no se sabe con exactitud a cuántas mujeres se les realizó este tipo de procedimientos, se estima que cerca de 270.000 mujeres tuvieron que acceder a una ligadura de trompas sin su consentimiento bajo el programa de salud reproductiva y planificación familiar del gobierno de Alberto Fujimori.
De acuerdo con la información, este programa de planificación familiar promovido por Fujimori entre 1996 y el año 2000, era una medida que buscaba combatir la pobreza, no obstante, estos procedimientos forzosos se convirtieron en situaciones traumáticas para miles de mujeres y hombres en Perú, pues algunos de ellos se llevaban a cabo sin anestesia.
Además de esto, varios de los procesos se realizaron de manera irregular debido a que la mayoría de las víctimas eran indígenas que hablaban quechua y tenían que firmar unos documentos que estaban redactados en español.
Varias mujeres tuvieron consecuencias físicas severas o complicaciones que las llevó a su muerte. Además, de las secuelas psicológicas o familiares por las que pasaron, dado a que muchas de ellas fueron abandonadas por su pareja al no poder tener hijos.
Las denuncias de estas víctimas fueron presentadas de manera oficial, pero el proceso contra Fujimori no ha avanzado lo suficiente. Se espera que, en la audiencia prevista para el 1 de marzo, la Fiscalía de ese país presente una acusación final contra los imputados.