El asesinato de la líder social María del Pilar Hurtado hace unas semanas generó gran indignación en Colombia. El hecho generó polémica en el país dado que han sido muchos los líderes sociales asesinados por parte de grupos paramilitares.
El homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño, el pasado viernes 21 de junio, habría sido derivado por temas relacionados con la invasión de unos lotes.
La Procuraduría General ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de Tierralta, Córdoba, Fabio Leonardo Otero Avilés. La decisión del Ministerio Público se da dentro de la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del mandatario local.
Esta decisión fue tomada por el procurador general, Fernando Carrillo, se hace a raíz de las presuntas irregularidades en el control del orden público por parte del mandatario local, que habrían derivado en el homicidio de la líder social María Del Pilar Hurtado.
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde de Tierralta, cinco días después del asesinato de Hurtado, para analizar si sus acciones habrían derivado en el asesinato de la mujer, el cual conmocionó a todo al país.
Por su parte el Ministerio Público señaló que buscaba «determinar la gestión de la administración frente a la ocupación de predios por parte de un sector de la comunidad, así como el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la lideresa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio».
La líder social vivía en un barrio popular de Tierralta que se constituyó producto también de una invasión en 2013. Uno de los lotes era de propiedad de Fabio Otero Paternina, un terrateniente de la región, padre del actual alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilés, del partido Centro Democrático.
Por la razón anterior, la Procuraduría Provincial de Montería aseguró que con la permanencia de Otero en su cargo podría haber una interferencia al proceso disciplinario, «ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración, presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los predios invadidos, que sería de propiedad de su padre».
Entre las pruebas que evalúa la Procuraduría, se encuentran las órdenes que habría impartido el alcalde Otero Avilés en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de mayo, en las que habría dado instrucciones a la Policía para la recuperación del predio de su familia.
Cabe mencionar que María del Pilar Hurtado, se había desplazado a Tierralta (Córdoba) hace un año, porque había sido amenazada tras denunciar los lugares de desaparición forzada, asesinatos y torturas conocidas popularmente como “casas de pique” que tenían los narcos y paramilitares en Puerto Tejada, Cauca.