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Una alerta fue emitida por la Procuraduría General de la Nación, tras evidenciar que varios procuradores delegados han sido suplantados por delincuentes para llevar a cabo extorsiones sobre servidores públicos, empresas y candidatos a las elecciones regionales.

Según informó el Ministerio Público, las víctimas de suplantación presentarán este viernes 13 de octubre las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación.

Además, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar ante las autoridades en caso de recibir llamadas intimidantes o extorsivas a nombre de la Procuraduría.

“El Ministerio Público hace saber a los funcionarios, empresas y candidatos que el ejercicio de su misionalidad, se da dentro de canales oficiales y de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales”, reiteró el Ministerio Público en un comunicado.

Este anuncio se suma a las advertencias hechas hace días por la procuradora Margarita Cabello, referentes a las elecciones regionales y a funcionarios que estarían participando en política de cara a la contienda en la que se elegirán alcaldes, gobernadores y concejales.

En la noche de este sábado 7 de octubre, la Policía Nacional de Colombia informó en un comunicado la salida de tres generales de la institución de la línea de mando.

El general de la Subdirección de la Policía, Tito Castellanos, es uno de los altos mandos que sale de la entidad por “directrices del Gobierno Nacional a dinámica institucional” y ahora s u cargo, lo asumirá el brigadier general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo.

“En consecuencia, el actual subdirector general, señor brigadier general Tito Yesid Castellanos Tuay; el inspector general, señor brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, y el jefe nacional del servicio de policía, señor brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón, dejan de pertenecer a la línea de mando”, señaló la institución en dicho comunicado.

Por sexto mes consecutivo, la inflación en Colombia mantiene una tendencia a la baja de acuerdo con la información entregada por el DANE.

La directora de la entidad, Piedad Urdinola reveló que el índice de precios al consumidor anual fue del 10.99%, que se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.

Informó que la división Transporte registró una variación anual de 18,56%, siendo esta la mayor variación anual. En septiembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (47,95%), gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (19,13%) y compra y cambio de aceite (18,46%).

En segundo lugar se ubicó la división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 15,32%. En septiembre los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (17,29%), servicios de alojamiento en hoteles (16,35%) y bebidas calientes (16,08%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas (8,13%), pago por alimentación en comedores (13,86%) y gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (14,16%). En el caso de alimentos en el último año reportó una variación del 11.47%, con una clara tendencia a la baja.

La inflación en el mes de septiembre fue del 0,54%, jalonada por educación con el 1.79%, bebidas alcohólicas 0.82% y alimentos 0.74%. En lo que va corrido del año, la inflación alcanzó el 8.01% de acuerdo con la información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.

En medio de su alocución presidencial y evento de ofrecimiento de excusas públicas por ejecuciones extrajudiciales en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió las últimas actuaciones de la Fiscalía y a las trabas para que sea elegida una nueva fiscal de la terna, la cual el mismo presentó en los últimos días.

“Hay que hablar las cosas como son: aquí lo que se está investigando no es mi hijo, yo dije: investíguenlo. Aquí que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones. Eso es lo que se está buscando: impidiendo. Desespero hay detrás de eso. ¡Construcciones! Yo sé quién está detrás de eso, pero no es el actual fiscal, no es capaz de eso, es otra persona. Porque lo que tenemos un régimen de corrupción”, dijo el mandatario.

También, el jefe de Estado aseguró que debido a esa corrupción que existe no se avanzan en las investigaciones que necesitan resultados para conocer la verdad de lo que pasa en el país.

“Los procesos no avanzan en la Fiscalía porque han comprado secciones enteras de la Fiscalía para ocultar la verdad y por eso no quieren una Fiscalía independiente. Tanto miedo les da que quieren hasta derribar al presidente y se van a enfrentar a un pueblo. No vamos a permitir que este pequeño espacio de la historia se termine convirtiendo en sangre y barbarie”, concluyó.

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que la Comisión de Acusación de la Cámara, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral (CNE), investiguen al presidente Gustavo Petro por la supuesta financiación ilegal de su campaña en 2022.

En los oficios enviados por el fiscal primero delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, Mario Burgos, mencionó el extenso interrogatorio de Nicolás Petro, hijo mayor del Jefe de Estado, en el que reconoció que aparentemente sí ingresaron dineros al parecer irregulares a la campaña política del Pacto Histórico y que su padre, sí lo sabía.

“Dentro de las actividades investigativas realizadas en el referido radicado, se adelantó interrogatorio a indiciado de fecha 02 de agosto de 2023 rendido por el señor NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS. En esta diligencia, el señor Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, actual presidente de la República de Colombia”, señaló.

Precisamente, el fiscal Burgos le pide tanto al Consejo Nacional Electoral como a la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara, que investiguen si el mandatario de los colombianos cometió algún delito.

“Este Delegado realiza la correspondiente compulsa de copias a fin de que se indague, de acuerdo con la competencia del Consejo Nacional Electoral, la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, Presidente de la República de Colombia, o cualquier otro hecho que revista característica de delito”, explicó.

Igualmente, el ente investigador envió con cada oficio un DVD en el que se encuentra la “copia del interrogatorio a indiciado rendido por Nicolás Petro Burgos”.

Esto ocurre en medio de la polémica que ha suscitado las declaraciones que dio el hijo mayor del presidente de la República en el Búnker de la Fiscalía, días después de haber sido capturado por la Fiscalía en su residencia en Barranquilla.

El 20 de noviembre se realizará la audiencia de acusación contra Nicolás Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz decidió aceptar el sometimiento de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido en las extintas Farc, con el alias de ‘Simón Trinidad’. Con esta decisión judicial inicia su recorrido como compareciente de la JEP.

La JEP asume inicialmente cinco procesos penales y solicitó información adicional sobre 116 procesos más para estudiar la actual situación judicial de ‘Simón Trinidad’.

Con esta decisión se le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación que es la Fiscalía de la JEP que busque información adicional sobre otros 116 procesos penales y analice el estado en el que se encuentran las actuaciones en su contra, y que identifique y ubique a las víctimas de cinco procesos más para continuar con el estudio de la situación actual ‘Simón Trinidad’ en la justicia ordinaria.

Alias ‘Simón Trinidad’ se encuentra detenido en la prisión de Uspflorence Admax en la ciudad de Florence, Estado de Colorado, Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2004 por el secuestro de tres estadounidenses. Para notificar la decisión de sometimiento la JEP se solicitará la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Procesos en Colombia

Ahora el compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, alias ‘Simón Trinidad’ está siendo procesado en Colombia por terrorismo, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada; narcotráfico, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; destrucción y apropiación de bienes protegidos; apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo, secuestro extorsivo y rebelión, entre otros hechos delictivos cometidos durante el conflicto armado.

Esta decisión de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP será comunicada a la Sala de Reconocimiento de Verdad para las labores que adelantan según sus competencias en sus diferentes macro-casos de investigación.

Así lo afirmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde encendió las alarmas sobre los efectos adversos del descuento del Soat.

Esta medida estableció una rebaja del 50% en el precio de ese seguro para taxis, buses y busetas, motocarros de 5 pasajeros, motocarros, tricimotos y cuadriciclos, microbuses de servicio público urbano, motos con cilindraje igual o menor a 200 c. c., y microbuses de servicio público intermunicipal, como recuerda el portal Grupo R5.

En julio se hablaba de un hueco de $450.000 millones para cubrir estos servicios de salud radicados y auditados en la vigencia 2023, pues para el 2024 la cifra llegaría a ser casi que del doble.

Según el ministro Jaramillo, la cartera de Salud tiene unas necesidades del orden de $69,68 billones para el próximo año, mientras que en el Presupuesto radicado se le asignan $59,63, derivando en un déficit de $10,04 billones. Además, explicó que en materia de funcionamiento se asignaron $40,20 billones para cubrir el rubro de aseguramiento, reclamaciones y servicios integrales de salud, pero las necesidades están en el orden de $43,95 billones, lo que arroja un déficit de $3,75 billones para 2024.

Sobre este último valor complementó que “en el tema de aseguramientos y reclamaciones del sector del Soat tenemos calculado en $850.000 millones (el déficit), recuerden que (hubo) una disminución del Soat. Esta es una cifra tentativa, muy seguramente va a estar por debajo de esto, pero preocupante porque no aparece cómo se va a financiar”, dijo el ministro.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, visitó en las últimas horas la estación de policía La Permanente de Valledupar, donde se refirió a la grave problemática que afrontan los privados de la libertad por cuenta de las vulneraciones y falta de garantías de derechos en estos lugares de detención, lo cual ya ha generado problemas de orden público afectando a las comunidades aledañas.

“El hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (estaciones de Policía y las URI) es una bomba de tiempo”, dijo al referirse a la situación que incluso viven otros cetros de detención transitoria en el país.

´La Defensoría del Pueblo afirma que en el departamento del Cesar las estaciones de Policía más hacinadas son la estación de Becerril con 1450% de sobre población, seguido de Gamarra (1000%); Aguachica (827%) y La Permanente en Valledupar con (614%); la cual duplica el promedio de hacinamiento (309%) en los CDT en este departamento.

La Defensoría del Pueblo ha evidenciado graves casos que muestran la situación. En mayo se presentó un motín en la estación de Policía La Permanente de Valledupar (Cesar), que dejó un saldo de 35 heridos y quedó en evidencia el riesgo para los vecinos. En Bogotá se presentó, el mes pasado, una fuga de 34 detenidos en la estación de Teusaquillo, allí resultaron heridos un policía y un detenido. Esta semana, 6 privados de la libertad se escaparon por un hueco que cavaron en una de las paredes de la estación de policía de Sahagún, Córdoba. Casos como estos ocurren frecuentemente en el país.

“El principal problema es el hacinamiento que incrementa la vulneración de los derechos humanos y los mínimos vitales como la alimentación y la salud de los privados de la libertad, eso genera que los detenidos tengan comportamientos agresivos. Por meses hemos registrado que las estaciones de policía y las URI no reúnen las condiciones para una vida en reclusión y existen altos niveles de hacinamiento que como en el caso de la Estación de Policía El Terron en Cali supera el 4000%”, destacó, Carlos Camargo Assis.

En el escalafón, Maicao (La Guajira) ocupa el segundo lugar con un 3480% de sobrepoblación; le siguen la estación de Piedecuesta (Santander), con 2950% de hacinamiento; San José en Barranquilla (2833%); Junín en Cali (2550%); La Hormiga Putumayo (2350%); El Lido en Cali (2240%), CAI Aguaclara en Tuluá (2060%), Sultana en Cali (1950%) y Mariano en Cali (1940%).

“Ese hacinamiento y las malas condiciones son una bomba de tiempo, porque generan riesgos de amotinamiento, fugas e, incluso, homicidios. Es decir, estamos ad portas de una tragedia en la que también se vería afectado el orden público y la seguridad de residentes aledaños a los CDT, ya que estos sitios están ubicados en zonas residenciales”, destacó el Defensor del Pueblo al dar a conocer los datos.

La Defensoría del Pueblo ha insistido en que los centros de detención transitoria no están diseñados estructuralmente para albergar personas privadas de la libertad por tiempo superior a 36 horas, pero, en las estaciones de Policía y en las URI algunos privados de la libertad están recluidos por meses, incluso, allí permanecen personas condenadas que deberían resarcir su pena en centros de reclusión.

OTRAS IRREGULARIDADES

La Defensoría del Pueblo, en sus constantes visitas, ha evidenciado varias irregularidades relacionadas con la custodia de los privados de la libertad. La vigilancia está a cargo de miembros de la Policía Nacional quienes no tienen entre sus funciones misionales de guardia y custodia y no están entrenados para este tipo de tareas. Ellos también corren riesgos a su integridad física y la vida.

“Todas estas irregularidades son los ingredientes propicios para que se presente una grave crisis, por eso hago un llamado a la institucionalidad para que actúe de inmediato y se tomen medidas urgentes para deshacinar estos lugares”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo viene desarrollando una estrategia para aportar en este objetivo, a través de brigadas integrales de atención en los Centros de Detención Transitorios. Es una estrategia articulada entre diferentes delegadas y direcciones y las 42 regionales, con apoyo de los entes territoriales y entidades nacionales como INPEC y Policía Nacional.

Dichas brigadas estás dirigidas a brindar servicios de salud y odontología, asistencia jurídica, atención y trámite de quejas y charlas en promoción y divulgación de DD.HH. Además, se logra concretar traslados a cárceles y penitenciarias para PPL con situación especial de reclusión, entre ellos, altos perfiles criminales, enfermedades graves, madres gestantes y adultos mayores, con el propósitos de deshacinar parcialmente estos lugares.

El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que debido al incremento en el precio internacional de la gasolina, el precio de la gasolina en Colombia podría aumentar a $15.500 o incluso $16.000 pesos a final del 2023. Según mencionó el ministro, la brecha que se estaba cerrando, se volvió a ampliar.

“Ya tenemos previsto que había que subir hasta los $15.500 y puede que sí nos toque llegar los $16.000 que habíamos previsto hace meses, pero acuérdese que al comienzo del año había que subir a 18.000″.

Además, el Ministro aseguró que las tarifas de los taxis tendrán que aumentar en enero por lo que la compensación que entrega el Gobierno a los taxistas por el aumento en el precio de la gasolina se dejaría de entregar en enero de 2024.

Bonilla explicó que este subsidio se había establecido, además, debido a que los gobiernos locales no habían aumentado las tarifas de los taxis.

“El gobierno nacional no puede aumentar las tarifas, yo les he dicho que ellos tienen también plataformas, pero también lo que yo les dije es que todavía se mueven con la tarifa que fija la alcaldía y Bogotá es la que tiene más plataformas, pero las demás ciudades no”.

De acuerdo con el Ministro, este año se debería cerrar la brecha en el precio de la gasolina, por lo que a partir del 1 de enero de 2024, ya no habrá subsidios y tarifa diferencial para los taxistas. Aún así, Bonilla explicó que desde septiembre hasta diciembre se hará entrega del retroactivo para los conductores y este será de aproximadamente $60.000 pesos.

“Se va a pagar con mes vencido y el primer mes es septiembre a partir de las tarifas que había en agosto entonces una idea de que lo que vamos a hacer es reconocer que el galón de gasolina se aumentó en 400 pesos y que los taxistas consumen más o menos 6 galones diarios, es esa porción la que se reconoce que puede costar dependiendo del kilometraje de la ciudad etc. 60.000 por taxis mensual”.