El gobierno nacional tiene listo el proyecto de ley que busca el sometimiento de las bandas criminales. Se trata de un documento de 54 artículos que traza la ruta judicial para que los grupos armados de alto impacto sea desmantelada.
La ley incluye un riguroso sistema de condiciones para el desmantelamiento de las estructuras criminales teniendo en cuenta la centralidad de las víctimas, la participación de sus redes de apoyo y de sus economías ilegales.
Entre los puntos más importantes aparece lo siguiente:
No habrá tribunales adicionales y no hay procedimientos transicionales, será mecanismo por la justicia ordinaria.
El proyecto contempla penas sustitutivas serán de entre 10 y 12 años divididas en dos componentes, uno de cárcel efectiva, sin ningún beneficio de entre 6 y 8 años y 4 años de pena restaurativa.
No hay estatus de beligerancia ni reconocimiento político, el proyecto de ley que propone el Gobierno es un tratamiento socio jurídico.
Ese proyecto dice que sí habrá extinción de dominio, y quienes cumplan con todos los requisitos propuestos por la ley podrán quedarse hasta con el 6% de los bienes entregados.
Habrá mecanismos de contrastación de las versiones y centralidad en las víctimas. Para ello habrá controles estrictos. Uno de esos controles estará a cargo del Comisionado de paz y el otro en la Fiscalía, habrá exclusión para estructuras y apertura de investigación para quienes paguen para beneficiarse.