Por medio de atractivas ofertas de empleo a través de Facebook e Instagram, y aprovechando la situación económica de jóvenes de la comunidad LGTBI de Colombia y Venezuela, una red de explotación sexual que funcionaba en Barranquilla, los reclutaba para luego grabarlos teniendo actividad sexual, las cuales eran publicadas a través de un estudio de webcam conocido como ‘Carol Studio’.
A esta conclusión llegaron los investigadores de Grupo de Policía Judicial de Migración Colombia y el Grupo de Delitos informativos del CTI, bajo el direccionamiento de la Fiscalía 2 Seccional Casos Priorizados de Bogotá, en la cual se recibió información por parte de dos posible víctimas de trata de personas, quienes bajo declaración jurada y reconocimiento en álbum fotográfico indicaron que en la ciudad de Barranquilla se encontraba ubicado un estudio el cual era administrado por alias Antony, junto a su esposa, ciudadana venezolana alias Johanna.
De acuerdo con el dossier de la investigación al que tuvo acceso los medios de comunicación a los jóvenes reclutados les suministraban medicamentos con el objetivo que se mantuvieran activos sexualmente por más tiempo.
Los investigadores lograron evidenciar cómo mediante engaños alias ‘Johanna’ ofrecía los beneficios de trabajar en esta webcam, como lo era, vivir en la casa donde estaba ubicado el estudio, e indicaba cómo crear usuarios en las páginas de entretenimiento para adultos, los horarios de trabajo, así como las ventas de vestuario que debían utilizar en los show y la forma de pagos que posteriormente se convertirían en deudas impagables.
Adicionalmente, la pareja de reclutadores les quitaban las cédulas a los colombianos y pasaportes a los venezolanos para crear los usuarios en la plataforma de Chaturbate y Strip Chat; sin embargo, los documentos nunca les eran devueltos para evitar que los jóvenes se fugaran del lugar.
«Eran obligados a trabajar más horas de las que le indicaban, al igual eran sancionados con pagos de multas, por el incumplimiento a diferentes faltas establecidas por alias Antony y Johana, permanentemente eran vigilados y controlados por un circuito cerrado de video que se encontraba en la casa estudio y eran sometidos a vivir en condiciones inhumanas, de igual forma no podían salir sin el permiso del propietario del estudio y tenían un horario de ingreso», se lee en el documento de la investigación.
Para evitar el rastreo de las autoridades, alias Antony y Johanna trasladaban constantemente el estudio de webcam a viviendas que arrendaban en los barrios Delicias, Ciudad Jardín y Boston, también al norte de Barranquilla; no obstante, en indagaciones, las autoridades recibieron información de los vecinos donde se quejaban por «el constante flujo de jóvenes al parecer entre ellos menores de edad ingresando a las viviendas en diferentes horas del día y no les parecía normal que en una casa vivieran más de 30 hombres de nacionalidad extranjera y permanentemente se observara llegar domiciliarios», indica el dossier.
«En la vivienda allanada, donde funcionaba el estudio Webcam, fueron encontrados 17 hombres, con edades entre 19 y 25 años, de los cuales cinco eran ciudadanos venezolanos y los restantes Colombianos; esta vivienda estaba acondicionada con pequeños estudios los cuales tenían un computador, cámaras y luces, al momento del ingreso de las autoridades, se encontraban transmitiendo contenido sexual en vivo por medio de las plataformas de internet», se lee en el texto de la investigación.
«Igualmente, en el parqueadero interno de la casa, había sido acondicionado como dormitorio y se encontró 12 camarotes donde en forma totalmente hacinados dormían los 17 hombres, así mismo, se encontraron e incautaron 45 cédulas colombianas, las cuales estaban guardadas en la habitación principal donde dormían Antoni y Jhoanna, a su vez fueron encontrados los libros de contabilidad de multas, evidenciando los controles y las multas que les eran impuestas, se evidenció un circuito cerrado de cámaras con las cuales monitoreaban los movimientos de cada una de las víctimas, se incautaron las CPU de los computadores y el DVR», asegura el informe.
Tras las capturas y posteriores audiencias Johanna Villasmil Altuve y Antonio Javier Salas Del Vecchio fueron imputados el delito de Trata de Personas en modalidad de explotación laboral y sexual.