El ministerio de Interior reconoció al departamento del Cesar como ejemplo nacional en desarrollo de la Política Pública de Atención a Víctimas del Conflicto, teniendo en cuenta los resultados en favor de las personas que sufrieron por cuenta de la violencia.
En el Cesar más de 300 mil personas resultaron afectadas por la arremetida de los grupos armados al margen de la ley. A ellas, en el marco de una política de atención, son varias las estrategias que adelanta la administración Lo Hacemos Mejor para dignificar sus vidas, dándoles bienestar.
Los resultados de las mismas, de acuerdo con el balance de la gestión del Gobierno del Cesar durante la vigencia 2021, el Gobierno nacional, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, destacó que se “evidencia una contribución significativa en la implementación de la política pública de víctimas, reflejando compromiso y cumplimiento de competencias ejecutadas acertadamente a través de planes, programas y proyectos”.
“El Plan de Desarrollo Lo Hacemos Mejor tiene inmersas 17 metas en el programa de construcción de paz, equidad para las víctimas y posconflicto, que le apuntan al fortalecimiento de la Política Pública de Víctimas en el departamento, con iniciativas como 2000 microcréditos, programa de Alianzas para la Vida, proyectos productivos en regiones como El Toco, vinculaciones al Fondo Emprender y Adulto Mayor, entre otras”, señaló Juana Pacheco, asesora de Paz Departamental.
Para la vigencia 2021, en la que se resalta el desempeño del Gobierno Lo Hacemos Mejor, la medición de la Certificación Territorial se fundamenta en los resultados de la implementación de las acciones y gestión realizada, de acuerdo con los componentes de la Política Pública de víctimas, así como las competencias territoriales.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realiza anualmente la certificación de las entidades territoriales del país, la cual es un mecanismo de seguimiento a la Política Pública de Víctimas y tiene como objetivo medir la contribución de las entidades territoriales al goce efectivo de los derechos de las víctimas, a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral, en el marco de las obligaciones o competencias contempladas en la Ley.