El Concejo de Valledupar realizó debate de control politíco sobre el proceso contractual y ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE. Entre la molestia y el inconformismo por la ausencia de los funcionarios citados, la sesión siguió su curso desde la virtualidad.
Los concejales proponentes Jorge Pana, Jorge Pérez, Mariam Muvdi, Eudes Orozco, Jorge Daza y Ronald Castillejo, no aceptaron las excusas presentadas por los secretarios municipales para dar respuesta a una serie de interrogantes que quedaron sin resolver.
“Para nadie es un secreto que este programa es sumamente importante para las familias de nuestro municipio. La alimentación de nuestros niños está permitiendo que el trabajo infantil se reduzca”, manifestó el corporado Jorge Pana, quien al mismo tiempo señaló qué se va a revisar detalladamente el actuar de la administración frente a la contratación del PAE.
En medio de su intervención el concejal Jorge Pérez dijo que la función del programa de alimentación tiene que cobijar a los niños y jóvenes del municipio, pero al parecer no se está cumpliendo: “Nos han llegado una serie de denuncias por parte de padres de familia que aseguran que hay algunas instituciones educativas donde presuntamente existe una disminución en las raciones alimentarias y además no están siendo entregadas en su totalidad a la comunidad estudiantil”. Al tiempo pidió que estos debates se puedan realizar de manera presencial, “hay que darle la cara a ciudadanía, no es lo mismo hacer un control político bajo la virtualidad”, agregó el corporado.
Seguidamente se expusieron algunos detalles de estas denuncias y se analizaron los costos de las raciones entregadas; se conoció que un almuerzo del PAE tiene un costo de 3.331 pesos y el valor unitario de la ración alimentaria tiene un valor de 2.860 pesos, es decir que existe una diferencia en los valores; por lo tanto, los concejales expresaron su preocupación y acordaron que permanecerán vigilantes al respecto.
Ante la ausencia del Secretario de Educación Municipal, Iván Bolaño Baute, el Secretario General, Andrés Maestre Labrada y la Contralora municipal Mary Flor Therán, no quedó claridad sobre el seguimiento que se le está haciendo a la contratación del programa de alimentación, “lamentablemente hay hechos de corrupción y hoy hago un llamado a que utilicemos la herramienta del control político excepcional. Si la contraloría municipal no le hace seguimiento entonces que lo haga la Contraloría General de la Republica con nuestro acompañamiento”, expresó Pérez.
Otras denuncias dan cuenta de que existen faltas de garantías laborales hacia las manipuladoras debido a que no se les paga en los tiempos establecidos, hay contratos incompletos y remuneraciones inferiores al salario mínimo. “Existen deficiencias en el seguimiento y control de los contratos del PAE. El supervisor de este contrato tiene obligaciones directas como de revisar que este tipo de contrataciones se ajuste a la normatividad legal en materia laboral. Pongámosle la lupa en las entregas de las raciones alimentarias”, insistió el concejal.
Por su parte, la concejal Mariam Muvdi, cuestionó a los conductores que están transportando los alimentos de los niños y jóvenes, ya que al parecer tienen comparendos dentro y fuera de la ciudad por irrespetar las normas de tránsito. A la vez manifestó su indignación ante la ausencia de los funcionarios citados, “no creo que exista algo más importante ni inmediato que la alimentación de los niños,” señaló el cabildante.
A su turno, Eudes Orozco dijo que no se puede pasar por alto el hecho que el Programa de Alimentación Escolar, cuyo contrato asciende a más de 20 mil millones de pesos; tenga tantas denuncias por no estar entregando las raciones que benefician a más de 38.000 estudiantes. “Según las denuncias para un mercado de veinte días entregan diez productos, en algunos corregimientos se están entregando 12 huevos por mes y presuntamente este mes las raciones no han sido entregadas”, señaló Orozco.
En la realización de este debate se exigió analizar más a fondo las presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar y de ser acogido por los corporados, utilizar el control excepcional de la Contraloría General de la República. Además, se hizo un llamado a la administración municipal para que asuma mayor compromiso a la hora de supervisar el contrato. También se planteó que este tipo de debates se puedan llevar a cabo de manera presencial en el recinto de la corporación para que la comunidad pueda asistir y sacar sus propias conclusiones; asimismo se propuso una mesa de trabajo con los rectores y padres de familia de las instituciones donde opera el PAE.
