La Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional pusieron en evidencia a una red ilegal que sería la responsable de adulterar medicamentos para enfermedades de alto costo y de uso exclusivo del sistema de salud, para ponerlos a la venta en Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).
La organización ilegal, al parecer, obtenía los productos de manera subrepticia en Entidades Prestadoras de Salud, EPS. Posteriormente, les modificaba las fechas de vencimiento y lotes de fabricación, les cubría las leyendas de uso institucional, y los comercializaba a un mayor costo.
Durante la investigación se conoció que los tratamientos alterados, presuntamente, fueron distribuidos a través de una asociación dedicada a la atención de personas enfermas de cáncer en Antioquia y en cadenas de droguerías de diferentes ciudades.
De igual forma, se estableció que se habrían ofrecido sin autorización medicamentos que producen adicción o dependencia, elaborados con narcóticos y opioides, los cuales tienen una restricción y regulación especial.
En10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y Montería fueron capturados11 señalados integrantes de la estructura.
En los procedimientos se detectó lo que sería una fábrica ilegal de cosméticos, centros de almacenamiento de medicamentos vencidos o en mal estado, así como los lugares en los que se alteraban cajas y empaques. En total, fue incautada una tonelada de productos.
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los detenidos, según el posible nivel de participación, delitos como usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; y estímulo al uso ilícito.
Entre los procesados está el presunto cabecilla de la red, Ramón Antonio Pérez Díaz, supuesto socio capitalista del andamiaje ilegal, y a quien se le atribuye la posible distribución a gran escala de opioides sintéticos y sustancias médicas de uso controlado que generan dependencia.
Los demás investigados cumplían diferentes roles ilícitos. Algunos serían los encargados de conseguir mediante diferentes maniobras los medicamentos, otros los alteraban y modificaban su presentación, y un grupo se dedicaba a la comercialización. Ellos son:
Pedro Rafael Negrete Daguer
Jorge David Figueroa Beltrán
Jesús Alberto Negrete Marrugo
Orlando José Laguna Ortiz
Mary Luz Hernández Moreno
Giovanny Montoya Márquez
Cristian Camilo Orrego Monsalve
Javier Alberto Henao Orrego
Nora Nancy Martínez Bustamante
Rubén Darío Ramírez Ramírez