El Estado y la tierra

La sola propiedad de la tierra no saca a nadie de la pobreza, si no está acompañada de condiciones adecuadas de producción. Esta frase compendia el tema de mi anterior columna, en la que reseñé algunas de esas condiciones que, sumadas a las ventajas comparativas, determinan la competitividad frente a los mercados.

Ahora bien, alguien podría decir que esas “condiciones de producción” se refieren solamente a la capacidad agrológica de la tierra, sobre todo en el marco del actual debate sobre la que presuntamente es improductiva y la que no lo es.

Empecemos por ahí; ¿es improductiva una tierra en la que pasta, en promedio, menos de una vaca por hectárea? No necesariamente; puede ser muy productiva agrológicamente y, en ese caso, lo que está es subutilizada, pero en muchos casos se trata de tierras de baja fertilidad y realmente improductivas.

En la página del Ministerio de Agricultura encontré una noticia, aunque no pude precisar la fecha, en la que el ministro señala que, en Vichada, la adaptación de suelos de una Unidad Agrícola Familiar, UAF, que en la región es de 1.725 hectáreas de tierras ácidas, requeriría ¡15 mil millones de pesos!, sobre todo en toneladas de cal que es necesario comprar, transportar y esparcir con maquinaria. Recuerden que una UAF es la cantidad de tierra para que una familia, con su trabajo, genere tres salarios mínimos.

¿De quién es la responsabilidad de volver esa tierra productiva? Es evidente que el propietario no podrá hacerlo sin ayuda del Estado, como ha sucedido, pues en la misma noticia el ministro informa que en la Altillanura (Meta y Vichada) solo 92.800 hectáreas están cultivadas, hoy algo más, seguramente, pero hablamos de 4 millones de hectáreas que permanecen en su mayoría improductivas, y así seguirán si el Estado no asume su papel, en este caso con crédito de fomento y un programa asistido de adecuación de tierras.

Asumamos ahora que esa UAF tiene suelos excepcionales, pero no hay riego y en verano se vuelve literalmente “improductiva”. ¿De quién es la responsabilidad de proveer infraestructura de agua para la producción, en un país que es potencia hídrica?

Supongamos entonces que tiene agua, pero las vías terciarias son pésimas en verano e intransitables en invierno, lo cual encarece el suministro de insumos, la recolección de cosechas y la asistencia técnica, amén de que el aislamiento propicia actividades ilícitas e inseguridad rural, todo lo cual le resta “productividad” a la tierra. ¿De quién es la responsabilidad de garantizar vías siquiera aceptables, en un país que solo tiene en buen estado el 4% de los 142.000 km de la red vial terciaria?

Sobra decir que, en esa situación de aislamiento, también se dificultan o prácticamente no existen la atención en salud, la comunicación telefónica, el servicio de internet y algo de la mayor importancia: educación de calidad para los hijos.

¡De quién es la responsabilidad?, repito. ¿Por qué los gobiernos se obstinan en que la causa de la pobreza rural es la concentración de la tierra, cuando la causa real es el abandono secular del Estado? ¿Por qué en Colombia no hay un mercado eficiente de tierras? Porque está distorsionado por la dramática falta de condiciones de producción, incluida la inseguridad derivada del narcotráfico.

Se debe sobregravar la tierra «de engorde», pero no siempre la tierra improductiva, porque esa improductividad, en muchos casos, es responsabilidad del Estado en gran medida. Se les puede quitar la tierra a unos para dárselas a otros, que seguirán siendo pobres si el Estado no asume su responsabilidad de generar condiciones para hacerla realmente productiva. ¡Así de sencillo!