Luego de que el registrador nacional, Alexander Vega, alertara sobre la posibilidad de que haya una injerencia en las elecciones por parte de actores armados y grupos narcotraficantes, el Gobierno Nacional anunció que pondrá en marcha un plan de choque para evitar que ello ocurra.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que se está diseñando una estrategia para hacerle seguimiento a todo el dinero en efectivo que se pueda mover durante la campaña, el cual podría provenir de organizaciones ilegales.
“Hay que aplicar la totalidad de la inteligencia de las Fuerzas y del Gobierno Nacional y le pedí a todos los partidos la información que tengan, porque hemos diseñado ya junto con la Policía Nacional y la UIAF un mecanismo que nos permita hacer control del giro de capitales en el territorio”, explicó.
“Si logramos identificar el giro o la circulación de dinero en efectivo, ahí es donde está el narcotráfico y la corrupción, el producto de la contratación ilegal incluso pública. Debemos tomar las medidas de interceptación de la información necesaria para poder parar el giro de capital en efectivo”, añadió.
Prada dijo que el propósito es tener listo este plan lo antes posible, teniendo en cuenta que el proceso electoral ya está en marcha en todas las regiones del país.
“Con la UIAF, con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, estamos trabajando en el diseño de una respuesta que le pegue duro al narcotráfico y a la ilegalidad en la financiación de campañas”, sostuvo.
El Ministro del Interior afirmó además que el Gobierno también está diseñando una ruta para que la ciudadanía pueda denunciar cualquier irregularidad o presiones indebidas, de cara al certamen electoral.
“Es fundamental la creación de una mesa para tener canales de denuncia, para que las personas tengan la posibilidad de denunciar cualquier tipo de presión, de constreñimiento indebido por parte de funcionarios, de jefes; estamos haciendo un compromiso desde el Gobierno con la sociedad civil, la comunidad internacional, con los partidos políticos una alianza contra la corrupción, trashumancia y financiación ilegal”, manifestó.
La Registraduría asegura son alrededor de 90 municipios los que a hoy podrían estar en riesgo de violencia política, según la información entregada por las autoridades, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral.