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El Gobierno del Cesar ha lanzado una intensa búsqueda para dar con el paradero del ganadero Adalberto Osorio Mantilla, de 86 años, quien fue secuestrado en zona rural de Río de Oro. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, ha dado directrices claras para acelerar las investigaciones y garantizar la liberación del ciudadano retenido.

En una mesa técnica de seguridad realizada en el Comando de la Policía del Cesar, el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del secuestro y facilitar el regreso con vida de Osorio Mantilla.

Las autoridades han desplegado un fuerte operativo en la zona, liderado por el coronel William Morales, comandante de la Policía del Cesar, junto a unidades operativas y de inteligencia del Gaula de la Policía y el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

El Gobierno del Cesar reitera su rechazo absoluto a este acto criminal y reafirma su compromiso con la defensa de la vida y la libertad de los cesarenses. Se espera que la recompensa ofrecida motive a la comunidad a proporcionar información valiosa que permita resolver este caso y devolver la tranquilidad a la familia de Osorio Mantilla.

Al interior de una celda del pabellón dos, de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, ‘La Tramacúa’, fue hallado sin vida Hernán Enrique De los Reyes Rivera, de 30 años, en hechos registrados este martes.

Se estableció que personal del INPEC se percató de lo sucedido cuando realizaban la habitual ronda de control y seguimiento.  De esta manera observaron que De los Reyes Rivera estaba muerto.

Tras el hallazgo personal judicial del INPEC inició los actos urgentes con el apoyo del CTI de la Fiscalía, que realizó el levantamiento del cuerpo.

Este sujeto estaba privado de la libertad desde finales de 2023, luego de estar inicialmente recluido en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, señalado de asesinar a dos personas, herir a dos más, entre ellas a su mamá, y matar ocho animales.

De acuerdo con la Fiscalía, estos hechos tuvieron lugar en una parcela ubicada en zona rural de Sabanalarga, el 12 de noviembre de 2023. Según la investigación, el hoy occiso en un acto de intolerancia habría atacado con arma cortopunzante a su mamá. Al escuchar los gritos de la víctima tres de sus vecinos se acercaron a auxiliarla, los cuales también fueron atacados por el agresor y dos de ellos fallecieron.

Asimismo, este hombre sería el presunto responsable de causar la muerte de dos perros, dos tortugas, un pavo, una gallina, un chivo y un gato. Seis de estos animales estaban en la parcela donde vivía esta persona con su mamá y los otros dos eran de sus vecinos.

Tras el múltiple crimen, De los Reyes Rivera fue capturado en flagrancia y en ese entonces le imputaron los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo y sucesivo contra la vida, la integridad física y emocional de los animales agravado.

Un carro bomba fue empleado en el atentado realizado contra la caseta del peaje Alto Pino, ubicada entre Riohacha y Maicao, el cual dejó dos fallecidos, así lo confirmó el alcalde de Maicao, Miguel Aragón, quien junto a la Policía está evaluando el impacto de la detonación, la cual dejó dos víctimas mortales.

Según explica el mandatario, hacia la medianoche fue ubicado el vehículo cerca a la caseta de recaudo, el cual fue abandonado por el conductor para posteriormente ser detonada la carga explosiva que puso en alerta a las comunidades que viven en pequeños caseríos en la zona.

Como consecuencia de esto fallecieron dos personas, quienes estaban vinculadas a la concesión Santa Marta- Paraguachón. Las víctimas fueron identificadas como Kerry Mercado Araujo y Liceth Orozco, vigilante y cajera, respectivamente.

El panorama es desolador en el sitio: láminas de zinc derribadas por doquier, ladrillos caídos tras la detonación y vidrios rotos en cada paso que se da.

Mientras tanto, una bandera del ELN fue colgada de una malla verde y varias paredes fueron marcadas con las letras del mismo grupo guerrillero, por lo que el ataque preliminarmente se le atribuye a esta organización.

Este atentado se presenta a 24 horas de que dos policías murieran en Río de Oro, Cesar, en medio de un hostigamiento también atribuido a el ELN. Por ahora, se espera que a las 8:00 de la mañana inicie un consejo de seguridad en Maicao para revisar la situación.

Como medida de seguridad, las autoridades están desviando el tránsito hacia Maicao a través de la vía de Albania y de Cuestecitas, esto, con el objetivo de no afectar la movilización de pasajeros.

En medio del asombro por lo ocurrido con el ELN, el alcalde de Maicao, Miguel Alarcón, señaló que previamente esta vía ha sido objeto de intervención con patrullajes constantes para contrarrestar el accionar de bandas de delincuencia común que suelen cometer hurtos en la vía, por lo que sorprende esta acción armada de un grupo guerrillero que no había tenido presencia en la zona.

Dos policías muertos dejó un hostigamiento que se registró contra de la estación ubicada en el municipio de Río de Oro, al sur del Cesar, una población ubicada a escasos 5 minutos del municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

Los uniformados de la Policía Nacional, víctimas de este hostigamiento, fueron identificados como José Daniel Pedraza y Henry Ospina Lasso. Ambos recibían atención médica en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, pero nada se pudo hacer para salvarle la vida.

El ataque se reportó cuando los uniformados adelantaban un puesto de control cerca de una vía nacional. Cabe resaltar que, en la zona hay presencia de bandas, pero principalmente del ELN, que en los últimos meses ha atacado diversas estaciones de Policía y unidades militares.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a terceros civiles no comparecientes por delitos que pudieron haber cometido en el contexto del conflicto armado.

Esto a una presunta participación de los terceros civiles en la desaparición forzada, tortura y homicidio de los líderes políticos y espirituales del pueblo arhuaco. Los mamos Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro y la tortura de los indígenas arhuacos José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe Chaparro.

También se compulsaron copias por la presunta responsabilidad de los terceros en la conformación de grupos paramilitares y su participación en los crímenes cometidos, dentro de ellos, delitos de desaparición forzada.

Las personas a comparecer ante la justicia son: Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, propietario de la hacienda Bethania, donde reciente fueron hallados restos óseos humanos, y donde presuntamente fueron torturados los indígenas.   También por el presunto patrocinio de la estructura paramilitar que se acantonaba en su hacienda, la cual ejecutó los referidos crímenes en los que habrían participado miembros de la fuerza pública.

Asimismo a, Alfonso Macías, Carlos Mattos, José Mattos y Wilson Ramírez, este último conocido como ‘Jhon Ramírez’, quien sería el jefe de seguridad del hacendado Alfonso Macías y el autor material del homicidio de los mamos arhuacos.  Al parecer, la muerte de los indígenas fue ordenada porque supuestamente ellos tenían conocimiento sobre el secuestro de José Mattos.

También la JEP compulsó copias a la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, en cuanto a la acción de extinción del derecho de dominio, de la hacienda Bethania, ubicada en El Copey,  de propiedad de Luis Alberto Restrepo, lugar donde presuntamente se alojaron autores materiales de los crímenes investigados.

Igualmente una casa, al parecer, de propiedad de Eduardo Mattos Liñán,  ubicada cerca de la plaza Alfonso López de Valledupar, teniendo en cuenta que allí habrían sido llevados inicialmente los mamos arhuacos,  luego de su retención por grupos ilegales. Y un apartamento, al parecer, de Carlos Mattos, ubicado en un edificio en inmediaciones del río Guatapurí, pues habría servido de alojamiento a los presuntos ejecutores materiales de los crímenes.

La Policía Nacional ha informado en las últimas horas que, en una operación conjunta con unidades del Gaula, lograron la captura de alias Camarada Carlos, presunto cabecilla financiero del EMC Frente 37 de las FARC-EP, con presencia en el municipio de Aguachica, sur del Cesar.

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, explicó que la captura fue en flagrancia durante un operativo tras meses de seguimiento e inteligencia.

En el momento en que ‘Camarada Carlos’ quedó en poder de las autoridades, portaba una pistola automática calibre 380 mm, un proveedor con cuatro cartuchos y una granada de fragmentación.

Por estos hechos, fue judicializado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de porte ilegal, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

“Gracias a labores investigativas y de inteligencia, se logró establecer que este individuo hacía parte activa del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) Frente 37 de las FARC-EP, grupo con injerencia delictiva en varios municipios del sur del Cesar. También venía realizando exigencias económicas a empresas del sector productivo”, agregó el coronel William Javier Morales Vargas.

Sharol Adriana Arias Martínez, pareja sentimental de la madre de Joshuar David, fue enviada a prisión preventiva por decisión de una jueza de control de garantías de Valledupar, tras ser vinculada al caso de desaparición forzada agravada del niño, ocurrido el 12 de mayo de 2024 en el barrio Nuevo Milenio.

La medida fue dictada el 26 de mayo, luego de las audiencias preliminares llevadas a cabo los días 21 y 23 del mismo mes, donde se legalizó su captura e imputaron los cargos en su contra, los cuales Arias Martínez no aceptó. La jueza argumentó su decisión con base en la gravedad de los hechos, el riesgo que representa la acusada para la sociedad y la necesidad de proteger los derechos del menor, cuyo paradero aún se desconoce.

La captura fue realizada el 20 de mayo por unidades del Gaula de la Policía Nacional en el municipio de La Paz, Cesar, en cumplimiento de una orden judicial. Actualmente, Arias Martínez permanece recluida en la cárcel Buen Pastor de Barranquilla mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía Tercera Especializada de Valledupar, Arias habría actuado en complicidad con su pareja, Angélica María Gil Blanco, madre del menor, quien no tenía la custodia legal del niño. A más de un año del hecho, Joshuar David sigue desaparecido y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y dar con su paradero.

En la comunidad indígena arhuaca de Pueblo Bello, hay total consternación ye rechazo por el asesinato del joven, Geyrungumu Torres Márquez, nacido en Simunurua, territorio ancestral, de esta etnia.

El cuerpo sin vida del occiso fue realizado en la madrugada de este lunes, luego que la comunidad del sector diera aviso a las autoridades indígenas y estas pusieran en conocimiento a la inspectora de Policía rural, Disnery Izquierdo, y al cabildo mayor Jaimes Márquez, quienes actuaron con el acompañamiento de unidades de la Sijín de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

La víctima presentaba heridas y lesiones contundentes en el rostro y cabeza, por lo que las autoridades de manera preliminar indicaron que fue asesinado a golpes.

Ante este caso, la Confederación Indígena Tayrona, se pronunció e indicó que lamentan profundamente la partida del joven arhuaco Geyrungumu Torres, conocido también como Yeru Torres, del centro de Simunurua.

“Su partida representa una gran pérdida para la comunidad, pues Geyrungumu era un joven con una valiosa proyección y reconocido por su compromiso con su pueblo. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y comunidad, y elevamos nuestra voz para que se honre su memoria con verdad, justicia y respeto. Que su espíritu retorne en paz al Chundwa”, indicó la CIT.

También se conoció que por el crimen estarían dos personas detenidas bajo la justicia indígena, como presuntos sospechosos de causar dicha muerte violenta. Asimismo que las autoridades propias del pueblo arhuaco están en coordinación con la justicia ordinaria para llegar a una sola decisión.

La Policía Nacional en el Cesar emitió el cartel actualizado con los presuntos delincuentes buscados en el departamento, con el propósito de intensificar las estrategias y búsquedas de las estructuras del crimen organizado que amenazan la seguridad y el orden público en la región.

Este cartel lo conforman una mujer y diez hombres, señalados como presuntos cabecillas o integrantes activos de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), al servicio del ‘Clan del Golfo‘.

 Estas personas presuntamente están implicadas en delitos de alto impacto como: homicidio, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Los más buscados son: Mónica Andrea Díaz Ferrer, alias Natalia o Kelly, solicitada por concierto para delinquir, presunta integrante del ‘Clan del Golfo’, encargada de realizar inteligencia y logística en el municipio de El Copey.

Jaime Alberto Madera Contreras, alias Mao, solicitado por concierto para delinquir, presunto cabecilla principal del GAO ‘Clan del Golfo’.

Luis Alberto Mercado Muñoz, alias Neymar, solicitado por concierto para delinquir, entre los años 2021 hasta 2024, era el tercer cabecilla del GAO ‘Clan del Golfo’, en la jurisdicción del municipio de El Copey y el corregimiento de Chimilla.

Edwin Viuche Collazos, alias Jeremías, solicitado por concierto para delinquir, presunto integrante del ‘Clan del Golfo’. Víctor José Mendoza, alias Bora, solicitado por concierto para delinquir, presunto integrante GAO ‘Clan del Golfo’, con jurisdicción en el municipio de El Copey.

Deiby Ubernel Camargo Flórez, alias Pirulo, solicitado por hurto calificado agravado, concierto para delinquir, presunto integrante del GDCO Los Catatumbo, quien materializaba homicidio y hurto a motocicleta en jurisdicción de Aguachica.

Héctor Manuel Montesino Mojica, alias Héctor o Revolvito, solicitado por hurto calificado agravado, concierto para delinquir, presunto integrante del GDCO Los Catatumbo, quien se encargaba de almacenar y comercializar las motocicletas hurtadas.

Deiner Jesús Galvis Chinchilla, alias Banana, solicitado por hurto calificado agravado, concierto para delinquir, presunto integrante del GDCO Los Catatumbo, quien materializaba homicidio y hurto a motocicleta en jurisdicción de Aguachica.

José Camilo Arévalo Guerrero, alias Pirulo o Coronita, solicitado por hurto calificado agravado, concierto para delinquir, presunto integrante del GDCO Los Catatumbo, quien materializaba homicidio y hurto a motocicleta en jurisdicción de Aguachica.

Alberto Carlos Barahona Cataño, alias Barahona, solicitado por Homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones, autor material del homicidio ocurrido el 1 de enero del presente año, en el municipio de Chiriguaná, quien después de discutir con la víctima la asesina con arma de fuego.

Osvaldo Miranda Chamorro, alias Tigre, buscado por homicidio agravado, autor material del asesinato ocurrido el 1 del presente año, en el municipio de Chimichagua, quien después de discutir con la víctima la asesinó con arma blanca.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a aportar información a través del contacto: 312 358 7212, con garantía de reserva absoluta.

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Fiscalía General reveló que González habría impedido la salida de Olmedo López como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pese a que estaba oficialmente suspendido.

“El señor González realizó gestiones para que Olmedo López no fuera removido de su cargo, a pesar de la suspensión ordenada por la Contraloría General el 5 de diciembre de 2023”, afirmó el fiscal Gabriel Sandoval, delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Esa sanción, que implicaba un mes sin salario, fue ratificada el 28 de diciembre por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, según la Fiscalía, López se mantuvo en su puesto gracias a la intervención de González y en el marco de un esquema más amplio de corrupción dentro del Gobierno.

“El exdirector del Dapre no solo protegió a López, sino que, según testigos, estuvo al tanto de pagos ilegales para asegurar apoyo político en el Congreso”, indicó el fiscal. En ese sentido, se citó una reunión del 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama, donde, según Olmedo López, “se acordó una coima entre Sandra Ortiz y el senador Iván Name”.

La Fiscalía sostiene que estos pagos estarían ligados a contratos direccionados desde la UNGRD por orden de González, con el fin de obtener respaldo a iniciativas legislativas del Gobierno. También señaló que al menos 4.000 millones de pesos del contrato de carrotanques habrían sido desviados y entregados a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

La imputación incluye los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. González regresó al país tras haber salido el 2 de noviembre de 2023, según Migración Colombia, y ahora podrá decidir si se acoge a un principio de oportunidad o busca beneficios jurídicos mediante un eventual allanamiento.

“El caso de la UNGRD es una de las tramas de corrupción más graves en el corazón del Ejecutivo”, concluyó el fiscal Sandoval.

El exdirector del Dapre, se declaró inocente y lo aceptó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Según dijo, son “calumnias sin fundamento”.

De manera virtual compareció a la audiencia de imputación de cargos en compañía de su abogado, Iván Cancino.

La Fiscalía General de la Nación solicitará una medida de aseguramiento contra González el viernes 6 de junio a partir de las 9:00 de la mañana.