El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo Martínez, advirtió que desde hace más de un año la entidad no ha podido comprar nuevos vehículos de protección porque no los hay.
“Hay una realidad nacional y es que no hay vehículos en Colombia desde hace año y medio y entonces estamos concertando con los líderes sociales desacuerdos con lo que disponemos”, dijo el funcionario.
Su respuesta se dio ante la Corte Constitucional a la pregunta que le hizo la magistrada Natalia Ángel sobre cómo se podría mejorar desde la entidad la protección a los líderes y defensores de Derechos Humanos.
La pregunta de la magistrada surgió en medio de la audiencia pública por las amenazas y muerte de ese grupo de personas.
Así mismo, durante esa audiencia pública, la ONU para los Derechos Humanos en el país alertó que en los últimos años han aumentado los homicidios, sobre todo, después de la firma de la paz.
La audiencia se desarrolla en el marco del estudio de nueve tutelas de defensores de derechos humanos que buscan protección.
Ellos le dijeron a la Corte que, a pesar de que el Estado intente protegerlos con esquemas de seguridad, “las amenazas y los atentados no disminuyen y los esquemas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial”.
También denunciaron la falta de compromiso de la Fiscalía para esclarecer los hechos “sobre amenaza contra defensores de Derechos Humanos” y que algunos líderes sociales no cuentan con protección de la UNP; y que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
Según las cifras que reporta Indepaz, entre enero y marzo de este año han sido asesinados 48 líderes sociales, mientras que en el mismo tiempo del año pasado las víctimas fueron 42 personas.