La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció que el Gobierno nacional hará cumplir el plan de cierre de la compañía minera Prodeco y la sentencia que surgió tras la tutela que interpusieron las comunidades para participar en el proceso.
“Tienen toda la razón las comunidades, tienen que poder participar. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha avanzado en espacios que generan garantías sociales de participación a las comunidades, y nos disponemos a seguir con ese proceso, a apoyar obviamente la tutela. El plan de cierre minero de Prodeco debe tener concurrencia con las comunidades. El futuro de esas minas y esos títulos es un tema que tendrá que evaluarse con la Agencia Nacional Minera. El futuro de esas zonas debe concertarse”, expresó la ministra Muhamad.
La ministra también resaltó la importancia del diálogo que ya se está dando en el Cesar en cuanto a las posibilidades posminería. “Pareciera que 10 o 15 años fueran mucho, pero no son muchos para hacer una transición de vocación productiva. El departamento debe iniciar ya con ese proceso, cosa tal de que no haya mayores afectaciones de empleabilidad y de entrenamiento de la gente para otras vocaciones, en especial en un departamento paisajística y ambientalmente tan valioso que debemos, entre todos y todas, recuperar”, explicó la funcionaria.
A orillas del río Guatapurí, la ministra se reúne con el gobernador (e) del Cesar Andrés Meza y el director de Corpocesar Jorge Luis Fernández para escuchar a las comunidades que se encuentran allí y canalizar sus inquietudes respecto al estado de los cuerpos hídricos.
Con miras a una transición energética en el corredor minero del Cesar, la ministra también hablará con las comunidades y planteará alternativas de sostenimiento económico bajo el principio de los acuerdos sociales, las acciones efectivas en los territorios y la toma de decisiones conjuntas que protejan los valores socioculturales de cada entorno.
Muhamad dijo que al Ministerio le preocupan los impactos ambientales que ha tenido el corredor minero. “La pregunta clave es cómo vamos hacia la recuperación ambiental y que ese cierre vaya siendo progresivo, o sea, sector minero que vaya terminando, debe, inmediatamente, empezar el cierre y la reconstrucción ambiental. Si esto se hace, cuando lleguemos al final de la vida útil de las minas, pues ya quedará solamente un pedazo. Si las empresas dejan todo para el final, será más complejo. Nos puede pasar, tenemos que evitar a toda costa que nos vayan a quedar sitios abandonados o sin manejo”, previno la ministra.
“Entonces hay una responsabilidad inmensa de las autoridades ambientales de hacer cumplir el tema, pero nos toca también normativamente ser más claros como autoridad ambiental en los instrumentos de los cierres. Es un tema que necesita más definición a nivel nacional y que estamos dispuestos a trabajar para que esos cierres sean mucho más claros, podamos hacer el seguimiento y ninguna empresa nos vaya a dejar áreas sin reconstituir y sin cumplir con sus obligaciones ambientales”, finalizó Susana Muhamad.
La Guajira y el Cesar son los departamentos de mayor producción de carbón; en el Cesar, por ejemplo, se produjeron en 2019, aproximadamente, 52 millones de toneladas, lo que dimensiona cómo esta actividad pone en riesgo los servicios ecosistémicos y la biodiversidad que caracteriza a la región.
Específicamente, en el Cesar, se desarrollan seis proyectos carboníferos: Pribbenow y El Descanso, a cargo de la compañía Drummond LTD; La Jagua, que lleva a cabo Prodeco; El Hatillo y La Francia, en cabeza de Colombian Natural Resourses (CNR), y La Divisa, de Norcarbón.