En la plenaria del Senado fueron citados el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el director del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Andrés Ernesto Díaz, con el propósito de responder sobre la situación penitenciaria del país, infraestructura carcelaria y los programas de resocialización para los presos.
La citación fue hecha por los senadores de la Alianza Verde – Centro Esperanza, Gustavo Moreno, Guido Echeverry Piedrahita, Jairo Alberto Castellanos Serrano y Berenice Bedoya, así como miembros de la Comisión Accidental de Seguimiento, Vigilancia y Control al Sistema Penitenciario y Carcelario.
El punto de mayor preocupación por parte de los citantes es la gravedad del hacinamiento en los centros carcelarios y que lamentablemente se desbordó en los centros de reclusión transitoria como estaciones de Policía y URI, y hasta centros improvisados como casas abandonadas y bodegas; las cuales llegan hasta 170 % en promedio, pero en algunos centros, como en La Guajira, se registra hacinamiento de hasta el 2.000 %.
Otro de los puntos de mayor debate fue el del desempeño de la USPEC: “El Presupuesto de las USPEC es de 1,5 billones de pesos al año: de ese dinero el 99.5 % está destinado a funcionamiento y no se ve la inversión de ese dinero. Solo el 0.14 % se está gastando en proyectos de resocialización de internos”, señaló el senador Moreno.
A su turno, el ministro de Justicia resaltó que actualmente hay 195.260 personas presas, de las cuales hay 97.300 en centros carcelarios administrados por el INPEC, 71.185 están en detención domiciliaria, 2.900 detenidas en cárceles territoriales municipales y departamentales, 22.319 en estaciones de Policía y 1.561 en una Unidad de Reacción Inmediata (URI).
“En las cárceles hay sobrepoblación del 19 %. El problema está en las estaciones de Policía donde tenemos un hacinamiento de 167 % y en las URI de hasta el 30 %”, señaló Osuna.
Por último, el ministro señaló que desde el Gobierno se propone una reforma al sistema penal y la política criminal el país, la cual será presentada en marzo de 2023.
“Proponemos una reforma al sistema penal y la política criminal del país. Lo más oportuno será presentar el proyecto en marzo del próximo año. Ya está el borrador, ya se lo he compartido a varios congresistas para comenzar a discutir y tendría varios ejes: uso racional de la cárcel, es decir menores penas; aplicar los subrogados penitenciarios; mayor resocialización de presos; buscar un convenio con facultades de medicina para que el año rural pueda hacerse en las cárceles, aplicar un sistema de justicia restaurativa; implementar brigadas jurídicas de los consultorios jurídicos de las universidades en las cárceles, entre otros. Necesitamos una política criminal humanista que priorice la resocialización y que entienda que los detenidos son seres humanos”, puntualizó el ministro.