nacionales

Desde la Comisión de Seguimiento Electoral, el registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que se contratarán auditorías externas para blindar el proceso electoral y todos los sistemas de información.

Sumado a esto, informó que también se adquirirá un Centro de Operaciones de Seguridad, para prevenir riesgos informáticos.

“Se van a contratar también auditorías externas, serán no solo al proceso electoral sino a todos los sistemas de información. Las auditorías externas compondrán insisto todo el devenir operativo y material de los procesos electorales de las elecciones de Congreso y Presidencia sino también aquellos derivados de la tecnología y de los sistemas de información, como también se va a adquirir un Centro de Operaciones de ciberseguridad”.

Por otro lado, el registrador entregó un nuevo parte de tranquilidad frente al desarrollo de las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República que se llevarán a cabo en el país en 2026.

En medio de la polémica que ocasionó la adjudicación del contrato para garantizar la logística de las elecciones de 2026 a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, de la que hace parte Thomas Greg & Sons, el registrador también explicó que el software de escrutinio, que se adquirió en 2022 a la empresa española Indra, se encarga únicamente del proceso que ocurre luego de cerradas las urnas.

“El software de escrutinio es el proceso que se ocurre después de cerradas las urnas y diligenciadas las actas electorales de los demás software que tienen que ver por ejemplo con preconteo, divulgación, y consolidación. Insisto, hoy el software es un software que se va a dejar a disposición para utilizarlo en las próximas elecciones”.

Aseguró Penagos que así como en 2022 el software de escrutinio fue administrado por el Consejo Nacional Electoral, tanto para los comicios al Congreso como para las elecciones presidenciales, en 2026 será nuevamente puesto a disposición del CNE.

De hecho, también anunció que en las elecciones de 2026, se permitirá el acceso al código fuente del software de escrutinio, “con el fin de garantizar la transparencia de estos comicios y la confianza de la ciudadanía”.

Agregó el registrador que “ya se adoptaron, preliminarmente, las acciones para prevenir cualquier circunstancia que implique dificultades en la transmisión de los resultados de las listas cerradas”.

En las últimas horas, dos soldados fueron asesinados en medio de un ataque por parte del Clan del Golfo en la vereda La Esperanza, en zona rural del municipio de Cañasgordas, en el occidente de Antioquia.

Según información de la Cuarta Brigada, los militares se encontraban en operaciones de protección de la población civil, cuando fueron objeto de un ataque por parte de integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Como resultado de esta acción criminal, los soldados profesionales Wilmer Javier Hidalgo Torres y Wuilinton Arley Duarte Ramírez resultaron heridos y aunque fueron evacuados hasta el centro hospitalario San Carlos del municipio de Cañasgordas, donde les prestaron los primeros auxilios, fallecieron por la gravedad de sus heridas.

La misma unidad militar destacó que estas acciones, que estarían lideradas por Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias ‘Richard’, y Nelson Enrique Guzmán Ruiz, alias ‘El Soldado’, «son una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario» y por ello realizarán las respectivas denuncias ante la autoridad competente.

Mucha preocupación ha generado en el mundo la tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, pero la preocupación no es solo por parte de los ciudadanos, sino del mismo presidente, quien buscó mediar la situación enviando una carta a Donald Trump, que aún no ha recibido respuesta.

La carta fue enviada el pasado 23 de junio, días antes de conocerse la noticia sobre nuevos aranceles y la presunta revocación de visas para funcionarios del Gobierno colombiano.

En la misiva, Gustavo Petro hace referencia al “Impasse” que generó al intercambio de trinos de enero del 2025 y que “alcanzó una notoriedad pública” que hoy en día sigue teniendo consecuencias.

Con un tono amable, el presidente Petro puntualiza en la importancia de cuidar las palabras como representantes de los Gobiernos, y pide perdón por las acusaciones que efectuó contra el Secretario de Estado, Marco Rubio.

“Reconozco que es posible que algunas de mis palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras. Quiero decir que mi intención no es cerrar puertas, sino abrir caminos para una conversación honesta y respetuosa entre nuestros países”, puntualizó.

Me preocupa que se hable de una “retórica violenta”

El presidente Gustavo Petro habló sobre los señalamientos de los que ha sido objeto en torno al atentado contra Miguel Uribe y aseguró que no existe ninguna prueba que vincule al Gobierno y sus discursos con el hecho.

Aseguró que es momento de pasar la página de los malentendidos y celebrar las diferencias en un marco de entendimiento y cooperación.

Carta Completa

«Bogotá D.C., 23 de junio de 2025

Excelentísimo Señor Presidente,

En las últimas semanas, se dio un intercambio de opiniones entre el despacho de la Secretaría de Estado y esta Presidencia que alcanzó una notoriedad pública que merece una reflexión serena y franca. Como representantes electos de nuestros pueblos, compartimos la responsabilidad de cuidar las palabras y los gestos, particularmente en tiempos de agitación y desinformación.

Deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia, no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos.

Mi preocupación ha sido siempre advertir sobre dinámicas de desestabilización que afectan a nuestra región, muchas veces impulsadas desde espacios diversos y con intereses cruzados. En ese contexto, reconozco que es posible que algunas de mis palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras. En aras del diálogo, quiero decir que mi intención no es cerrar puertas, sino abrir caminos para una conversación honesta y respetuosa entre nuestros países

. En contraste, sí me preocupa profundamente que, tras el atentado criminal contra el senador Miguel Uribe Turbay, se haya insinuado públicamente que la “retórica violenta” de esta Presidencia fue un detonante del ataque. Como ya ha sido establecido por las autoridades investigativas, no existe prueba alguna que vincule a este gobierno ni a sus discursos con ese lamentable hecho. Los responsables deben ser encontrados y juzgados, sin sesgos ni intereses políticos de por medio.

Rechazo de manera categórica cualquier intento de utilizar la tragedia como instrumento de acusación infundada. He puesto a disposición todos los recursos del Estado colombiano para esclarecer los hechos y proteger la vida de todos los sectores políticos, sin excepción.

La política no puede convertirse en un campo de sospechas, donde las palabras sustituyan las pruebas. Como dije recientemente, no creo en la tesis de que el fin justifica los medios: nuestros medios son los que determinan nuestros fines. Mi vida pública ha estado dedicada a la construcción de paz y a la defensa de la vida, y así seguirá siendo.

Excelentísimo señor

DONALD TRUMP

Presidente de los Estados Unidos de América

Washington, D.C.»

Desde la Dignidad Agropecuaria Colombiana se confirmó que, ante la caída de los precios en el arroz paddy verde y ante la no-respuesta que según el movimiento campesino se ha tenido por parte de la industria y por parte del Gobierno Nacional a las peticiones de los productores del cereal para revisar la caída de los precios, se advirtió que el próximo 14 de julio se iniciaría un nuevo paro arrocero.

En su más reciente pronunciamiento, la Dignidad Agropecuaria también señaló que “el Gobierno y la gran industria quieren acabar con el arroz colombiano”, lo que tiene impacto directo sobre miles de familias colombianas que se dedican a la producción del cereal en diferentes regiones.

Así mismo, denunció una vez más que los acuerdos que se alcanzaron en el anterior paro arrocero han sido incumplidos o ninguneados por el Gobierno, expresando que han sido “tras de corneados, apaleados”. Desde luego, la afirmación hecha por parte de los productores del cereal, en diferentes ocasiones ha sido negada desde el Ministerio de Agricultura, el cual ha informado supuestos avances en el cumplimiento de dichos acuerdos.

Tras lo anterior, Dignidad Agropecuaria reiteró: “A los agricultores no nos queda más camino que la movilización social pacífica y civilizada para defender el derecho a producir y los colombianos consumamos producto colombiano y, continuar así con una actividad que se desarrolla en más de 200 municipios de la geografía nacional, determinante en el empleo y en la economía agrícola de la nación”.

Finalmente, los productores de arroz agremiados en la Dignidad Agropecuaria Colombiana pidieron soluciones al Gobierno Nacional y una pronta respuesta para evitar el inicio de un nuevo paro. Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento por parte del Ministerio de Agricultura frente al tema.

El Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares están en máxima alerta en todo el territorio nacional ante información de inteligencia que revela un presunto plan del ELN para ejecutar ataques terroristas coordinados este viernes 4 de julio, fecha en la que el grupo guerrillero conmemora su aniversario número 61.

Según fuentes militares y de inteligencia, a través de un cruce de información obtenida mediante técnicas humanas, electrónicas y de señales, se identificó que el Comando Central del ELN habría dado instrucciones a diversas células y estructuras para ejecutar acciones violentas en simultánea, con el fin de generar alto impacto mediático y temor entre la población.

Regiones priorizadas y posibles blancos del ELN

Los departamentos donde se han identificado mayores riesgos incluyen Catatumbo, Sur de Bolívar, Chocó, Cauca, Arauca, Nariño, Antioquia y el nororiente de Boyacá, así como zonas rurales del Valle del Cauca. Estarían preparando atentados contra:

• Instalaciones militares y policiales
• Infraestructura crítica como oleoductos, torres eléctricas, puentes y carreteras
• Edificaciones gubernamentales y sedes bancarias

Además, se conoció que en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Popayán y en Barrancabermeja, se estarían planeando acciones simbólicas, como la instalación de banderas del ELN acompañadas de artefactos explosivos, en puntos de alta concurrencia.

Refuerzo de seguridad y acciones preventivas

Ante la amenaza, el Ministerio de Defensa ordenó el reforzamiento de los dispositivos de seguridad en todo el país. Las unidades territoriales del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional han incrementado su nivel de alistamiento, vigilancia y patrullaje, especialmente en áreas sensibles.

Desde que se emitió la alerta, las autoridades han logrado neutralizar 32 intentos de atentado en departamentos como Arauca, Antioquia, Boyacá, Sur de Bolívar, Catatumbo y el Valle del Cauca, gracias a operaciones de inteligencia y acción oportuna de las tropas en terreno.

El nivel de acuartelamiento de primer grado ha sido activado en varias unidades, buscando tener la mayor cantidad de personal disponible para prevenir y contrarrestar las intenciones del grupo armado ilegal.

Ataques terroristas ya registrados por el aniversario del ELN

Desde la madrugada de este 04 de julio, ya se registran ataques terroristas por parte del ELN. En zona rural del municipio de Calamar, en Guaviare, tropas fueron atacadas con un explosivo lanzado desde un dron mientras se encontraban en operaciones de seguridad externa en las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva N.° 24.

Al parecer, se trató de una granada de fabricación artesanal, la cual detonó donde se encontraban unos soldados con un dispositivo avanzado de combate. No se registraron afectaciones en el personal militar ni daños a la infraestructura.

Por otro lado, en zona rural de Tame, Arauca, atacaron con artefactos explosivos el oleoducto Bicentenario. En Saravena un francotirador hirió a un patrullero de la policía y en Puerto Rondón instalaron una valla alusiva a la guerrilla. 

Llamado a la ciudadanía por posibles actos del ELN en su aniversario

El Ministerio de Defensa tiene vigente recompensas por hasta 30 millones de pesos para quienes ayuden a anticipar acciones terroristas

La línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo está habilitada las 24 horas, donde se puede denunciar también de forma anónima.

La Fiscalía General de la Nación entregó detalles del hallazgo de una fosa común con los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos, que habrían sido asesinados por las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural de Calamar, Guaviare.

La incautación del celular de un integrante del frente ‘Armado Rios’ fue clave para dar con los cuerpos de las personas asesinadas.

El fiscal delegado para el crimen organizado, Raúl González reveló que en el análisis forense se encontraron fotos de los cuerpos de las víctimas.

“En el teléfono celular se encuentran imágenes de las personas reportadas como desaparecidas, imágenes de ellos en vida, imágenes de ellos con los integrantes de esta estructura e imágenes de ellos ya asesinados. Con esta información se aborda a este sujeto, quien manifiesta que efectivamente sí fueron unas personas asesinadas y llevadas a zona rural del municipio de Calamar. Se logra la ubicación del punto exacto donde estaban y con el apoyo del Ejército y el grupo de exhumaciones de la Fiscalía se llega al lugar y se encuentran estos cuerpos”, detalló el fiscal.

Sobre los móviles del crimen, agregó: “el origen de estas personas es del departamento de Arauca y eso llevó a equivocadamente a pensar a estos criminales que pudieran ser parte del ELN. Se los llevan, los interrogan para tratar de establecer su pertenencia al ELN, que siempre fue negado, y, sin embargo, fueron asesinados”.

El delgado de la Fiscalía reveló, por último, que la masacre habría sido perpetrada por al menos 10 disidentes. Avanza con la investigación para lograr la judicialización.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal contra el director de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto José Vergara, el vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Felipe Rivera, y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento de Ecopetrol.

Lo anterior, por cuenta del polémico contrato firmado con la firma Covington & Burling para medir el impacto reputacional por las investigaciones contra el presidente Ricardo Roa, el cual pasó de costar 875.000 dólares a casi 6 millones de dólares por medio de un otrosí firmado en plenas épocas decembrinas el año pasado.

«Presuntas irregularidades en la planeación y celebración y ejecución del contrato suscrito en agosto de 2024 con la firma Covington & Burling, entre otras cosas, por la metodología escogida para seleccionar al contratista. Asimismo, por hechos relacionados con la solicitud para celebrar el otrosí No. 1, documento con el cual se modificó el alcance del objeto contractual y se aumentó en más del 100% el valor inicial del contrato, al parecer, excediendo la instrucción de la Junta Directiva, toda vez que aparte de realizar el estudio y asesoría, se incluyeron actividades investigativas» se lee en la determinación.

De acuerdo con los fundamentos de la decisión, se basa en la inspección realizada a Ecopetrol, bajo la siguiente descripción que le permite vincular a los disciplinados: el 26 de junio de 2024 el Comité de Auditoría y Riesgos emitió recomendaciones a la Junta Directiva de Ecopetrol ante el vencimiento del contrato suscrito con la firma Miller para asesorías y consultas y revisión de documentos, el cual culminaba el 30 de septiembre de 2024, por lo cual se sugirió adelantar estudios de firmas acreditadas y con experiencia en el mercado de Estados Unidos.

Ante esa sugerencia, la dirección de cumplimiento en cabeza de Alberto José Vergara informó que solicitó cotizaciones a Covington & Burling, Shearman & Sterling y Arnold & Porter Kaye Scholar, de las cuales concluyó que Arnold & Porter y Covington & Burling (la que terminó siendo escogida) tenían plazos de entrega más cortos y más económicos.

Según las actas, el 26 de julio la Junta Directiva por unanimidad acogió y aprobó la recomendación del Comité de Auditoría y Riesgos de contratar el “asesor externo” para medir los procesos realizados por la junta directiva y adoptados por la compañía en relación con el presidente de Ecopetrol, lo cual fue cumplido por Alberto José Vergara el 14 de agosto de 2024 ordenando a Ludwig Wilson Mejía adelantar el trámite de contratación; luego de que una comisión especial creada por la junta directiva seleccionara a Covington & Burling, que se indicó, cumplía los requisitos.

El 29 de agosto de 2024 se suscribió el contrato con la firma, valorado en USD 875.000 “el cual contemplaba la ejecución completa de todas las fases contractuales y entregables contenidos en las especificaciones técnicas”. Pero luego, a partir de esa fecha, y en acta del 26 de septiembre de 2024 el Comité de Auditoría y Riesgos, pidió a la firma finalizar el estudio contratado “frente a eventuales escenarios de riesgo ante la SEC relacionados con aspectos reputacionales del presidente de Ecopetrol” y reunirse en “sesión privada”.

Según la trazabilidad de los documentos recogidos por el Ministerio Público, el 9 de octubre la Dirección de Cumplimiento informó a la Junta Directiva de la “actualización” del “análisis efectuado” por el contratista. El 26 de diciembre, mediante memorando, Alberto José VergaraMonterrosa le solicitó al funcionario Ludwig Wison Mejía firmar el otrosí que elevó el contrato a casi 6 millones de dólares y aplicando además una modificación a la cláusula sexta del contrato, añadiendo “gastos reembolsables”, es decir que la Junta podría reembolsar gastos en que incurriera Covington & Burling por USD 575.000. El otrosí se suscribió finalmente el 31 de diciembre de 2024.

Ya en enero de 2025 y luego de que Alberto José Vergara le ordenara al vicepresidente Corporativo de Ciencia y Tecnología, Luis Felipe Rivera que se debía “conservar la documentación física y electrónica de funcionarios y al parecer de exfuncionarios enlistados en un documento”, y que la propia Covington & Burling pidiera que el presidente Ricardo Roa entregara sus equipos electrónicos de trabajo, la junta directiva consideró “desmedida la petición” (aunque estaba cobijada por el otrosí donde se ordenaron además funciones investigativas) y al contrario, la junta terminó pidiendo a la Dirección de Cumplimiento que revisara las actividades del contratista de cara al “alcance y objeto contractual”.

En el documento de la Procuraduría se ventila que la petición de poder investigar los equipos del presidente de la petrolera, aunque estaba al parecer amparada por la modificación del contrato, no contaba con el conocimiento de la comisión especial de seguimiento de la Junta Directiva al convenio, por lo cual se recomendó que la firma culminara el estudio inicialmente acordado y, las actividades ordenadas en el otrosí del 31 de diciembre de 2024 fueran suspendidas de manera temporal. El 4 de junio se dio cuenta de los pagos realizados a Covington & Burling hasta el 28 de febrero de 2025.

Además de adelantar la apertura de la investigación disciplinaria, el ente de control escuchó en versión libre al directivo Vergara Monterrosa este miércoles a las 8:00 de la mañana, así como a los otros dos nuevos involucrados en el proceso disciplinario, y se ordenó el testimonio de Guillermo García Realpe, presidente de la Junta Directiva y otras tres personas entre este jueves y viernes.

Adicionalmente, la Procuraduría remitió copias de la auditoría interna realizada por Ecopetrol el 20 de mayo, revelada en primicia por W Radio, a la Fiscalía, con miras a que se revise la eventual comisión de delitos, como allí en dicha auditoría se señala.

Este martes 24 de junio arrancaron los alegatos finales del histórico juicio al expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Al inicio de sus alegatos, la fiscal Marlene Orjuela pidió que el exmandatario sea condenado por ser el supuesto “determinador” de los delitos de soborno, soborno en la actuación penal y fraude procesal.

Fiscalía pide sentido de fallo condenatorio contra Álvaro Uribe

“Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno”, dijo ante la juez 44 penal de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia.

Agregó: “La estructura probatoria desplegada en esta audiencia, como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y el contexto fáctico integral, no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado, sin asomo de duda, que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales».

La fiscal Marlene Orjuela dice que “probó” que el abogado Diego Cadena “actuó en nombre” de Álvaro Uribe para que el exparamilitar, Juan Guillermo Monsalve, faltaran a la verdad y se retractara, a cambio de beneficios, de las acusaciones en las que vinculó al expresidente con el paramilitarismo.

“Se probó que el abogado Diego Javier Cadena Ramírez actuó en su nombre y representación para que Monsalve Pineda se retractara de las acusaciones que hizo desde el año 2011 y que mantuvo y mantiene hasta la fecha, para lo cual, entre otros, le ofrecieron en forma gratuita el trámite de una acción de revisión de los procesos que en su contra existían con sentencia debidamente ejecutoriada, mejores condiciones en su reclusión y si públicamente pedía seguridad para él y su familia, si apoyaría su pedimento”.

“Su señoría, las probanzas decretadas a este sujeto procesal, juntas con las practicadas por la defensa para desacreditar a Juan Guillermo Monsalve Pineda y al senador Iván Cepeda, permitirán a usted emitir ese sentido de fallo condenatorio a Uribe Vélez”, dijo la fiscal Marlene Orjuela al defender la credibilidad del condenado paramilitar que vinculó al expresidente Uribe Vélez con el grupo paramilitar ‘Bloque Metro’.

Este jueves 19 de junio, las autoridades capturaron a William Fernando Cruz González, quien estaría implicado en el atentado al precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Este hombre se convierte en la cuarta persona capturada por el atentado sicarial perpetrado contra el senador del Centro Democrático, el pasado 7 de junio en el parque El Golfito al occidente de Bogotá.

Según la investigación de la Fiscalía, Cruz González, al parecer habría participado en la coordinación del escape de los presuntos sicarios.

El día de los hechos, en otro punto de la localidad de Fontibón, en el barrio Hayuelos, estaba esperando en un carro a alias ‘Gabriela’ y a alias ‘El Costeño’, los encargados de entregar el arma de fuego tipo pistola Glock de 9 milímetros a un adolescente de 15 años, que posteriormente disparó contra el político.

Estado de Salud de Miguel Uribe

A propósito de la salud del senador, Miguel Uribe Turbay, su esposa aseguró hace pocos minutos que se encuentra luchando por su vida. Pidió oraciones por su esposo y por quienes lo están atendiendo a esta hora en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Luego de que las disidencias de alias “Iván Mordisco” declararan un paro armado en el departamento del Guaviare entre el 16 y el 21 de junio, la Procuraduría General convocó a las autoridades del departamento a un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de orden público.

El Ministerio Público solicitó, nuevamente, a las autoridades a adoptar con urgencia las medidas de prevención y protección necesarias para salvaguardar la integridad personal y la vida de los servidores públicos y la población civil.

Asimismo, pidió a las autoridades adelantar de manera urgente labores investigativas y judiciales, con el fin de identificar e individualizar a los autores de dichas amenazas.

“La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare, también solicitó a la Fuerza Pública apoyar de manera urgente los requerimientos que llegaran a presentar las alcaldías de los municipios afectados por la situación”, indicó el ente de control.

Además, se pide que atiendan las recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana 001 de 2025, generada a raíz de los graves riesgos de seguridad que afronta la población civil derivado de la posible confrontación armada entre los diferentes grupos disidentes.

Disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ declaran paro armado en Guaviare del 16 al 21 de junio

En la tarde de este 15 de junio se conoció un comunicado del Bloque Amazonas de las disidencias al mando de alias “Iván Mordisco” que declaran un paro armado en el departamento del Guaviare del 16 de junio hasta el 21 de junio, esto en medio de enfrentamientos con las disidencias de alias “Calarcá”.

De acuerdo con ese bloque, las disidencias de “Calarcá” están tomando control territorial por medio de acciones como asesinatos, extorsiones y robos.

“Mientras Calarcá emitía un comunicado citando a organismos de derechos humanos, desaparecía al señor Misael Motta Bermúdez quien se desplazaba del casco urbano de Calamar Guaviare, al sector de pueblo seco, sumado a esto el robo de motos a las guardias campesinas y abusivamente le quita los carros a la población del área, mediante la amenaza de las armas, el incremento de las extorsiones por parte del grupo es desmesurado”, indica esta disidencia a mando de “Iván Mordisco”.

Según este grupo criminal de “Iván Mordisco” a “solicitud de comunidades” deciden declarar este paro armado para iniciar una “campaña militar” en contra de las disidencias al mando de alias “Calarcá”.

“En solicitud de muchas comunidades hemos decidido iniciar una campaña militar en contra de los opresores, esperamos de todos y todas unidad popular, que permita protegerse evitando el desplazamiento, las desapariciones, el hurto de vehículos entre otros daños que este grupo puede causar en la región“, indicó esta disidencia.