La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría sandinista, se citó de forma extraordinaria este lunes para discutir una ley que, de aprobarse, como se espera ocurra, dejaría al presidente Daniel Ortega prácticamente sin competencia en la carrera electoral de 2021.
El proyecto denominado «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz», solicitada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) propone inhibir de cargos de elección popular a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, exijan o aplaudan sanciones internacionales, actos de los que el oficialismo acusa a la oposición.
Aunque los opositores han negado estar involucrados en un golpe de Estado contra Ortega, sí reconocen su apoyo a las sanciones de diferentes países contra instituciones, empresas, familiares y allegados del presidente, bajo señalamientos de «corrupción» y «serias violaciones a los derechos humanos», así como a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por «rompimiento del orden constitucional» en la Organización de los Estados Americanos (OEA).