Ante el caso de aparente corrupción por un contrato por $70 mil millones de pesos, firmado desde el Ministerio de las TIC, para instalar centros digitales en las zonas rurales más apartadas del país, el representante del Partido Verde, León Fredy Muñoz, pidió la renuncia de la ministra Karen Abudinen y solicitó a los entes de control que investiguen este posible detrimento.
“Esto es un robo, no es otra cosa, es un robo de más de $70 mil millones de pesos. Solicitamos inmediatamente la renuncia a la ministra y también solicitamos a los entes de control investigar. Acá hay cosas muy graves. La Unión Temporal Centros Poblados tiene cuatro empresas, y todas tienen investigaciones”, advirtió el congresista, recién nombrado nuevo vocero de los Verdes en la Cámara de Representantes.
Muñoz también indicó que este consorcio, que ganó la licitación para la construcción de centros digitales por valor de $1,1 billones de pesos, se encuentra conformado por empresas señaladas por la Contraloría por presentarse múltiples irregularidades en contrataciones recientes con gobernaciones departamentales.
Además, según anunció el propio parlamentario del departamento de Antioquia, prepara un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. «Tenemos la investigación lista y vamos a hacer el debate”, añadió.
Posterior al anuncio de Muñoz, la Coalición de la Esperanza, integrada por Sergio Fajadro, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y un sector del Partido Verde, también «exigió» que la funcionaria sea apartada de su cargo, por esta posible pérdida de los más de $70.000 millones.
«¿Quién está detrás de la millonaria adjudicación, quiénes son los contratistas y quién los recomendó? ¿Cómo se le escapó a la ministra la verificación de las garantías aportadas por la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente falsas, a nombre del Banco Itaú? ¿Por qué se continúo con la adjudicación, aún conociendo la falta de idoneidad de la UTCP?», son varios de los cuestionamientos que hacen los precandidatos presidenciales.
Por esta razón, advirtiendo de una postura impasible del Gobierno nacional, la Coalición hizo un pedido directo. «Exigimos respuestas claras, decisiones políticas frente a este hecho y, a los organismos de control, investigaciones y decisiones contundentes que den prontamente con los responsables de quienes hoy atentan contra la población más vulnerable de nuestro país», expusieron.