La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto que actualiza el Estatuto Disciplinario de la Policía. Lo aprobado aborda temas como la garantía del respeto a los derechos humanos, mejoras en los procedimientos de la Fuerza Pública, eleva a gravísimas faltas como el uso de fuerza y otorga garantías al ejercicio de la manifestación pública.
“Eleva a faltas gravísimas y sanción de destitución e inhabilidad el exceso del uso de la fuerza o la utilización de medios diferentes asignados para el servicio y el control ciudadano. Este estatuto disciplinario también entrega una mayor efectividad y celeridad en el proceso disciplinario. Se traslada las faltas leves al manejo normativo, administrativo, en cada una de las regiones y esas faltas leves serán tratadas de manera administrativa”, indicó el senador y ponente, José Luis Perez.
Por su parte el ministro del interior, Daniel Palacios, manifestó que la iniciativa hace parte del proceso de transformación de la Policía Nacional. Aseguró que se incluye nuevos el mejoramiento de procedimientos y también nuevas sanciones disciplinarias.
“Aquí lo que estamos viendo de frente es una policía que con los ojos abiertos, de la mano de la institucionalidad que es el Congreso, está diciendo ‘aquí nosotros buscamos tener un código disciplinario actualizado, moderno, que sea exigente, que guarde el debido proceso, pero que quien irrespete el uniforme de la patria, que quien actúe fuera del mandato constitucional y legal, deba ser sancionado de manera ejemplar. Siempre respetando el debido proceso, pero diciendo de manera inequívoca que aquí el Gobierno Nacional no tolera, bajo ningún mecanismo, ningún exceso de fuerza o ninguna extralimitación”.
También se crean nuevas faltas gravísimas como el exceso en el uso de armas, fuerza o elementos no reglamentarios, usar el cargo para promover, instigar o entrenar grupos al margen de la ley.
Además contempla, según el Gobierno, que cualquier afectación al Derecho Internacional Humanitario, debe ser asumido por la Procuraduría por poder preferente.
“Cada vez que ocurra un hecho de derechos humanos vamos a informales a ellos para que definan si lo toman, esperamos que siempre sea así, cuando hay comprometido alguna presunta violación de un derecho humano en donde se pueda relacionar un miembro de la Policía Nacional”, precisó el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.
El proyecto, tras superar su último debate, deberá ser conciliado y luego avanzaría a sanción presidencial.