Por: Dr. Álvaro Portilla
Después de tantas incertidumbres, dudas, dolores, muertos prevenibles, tanto por la negligencia en la atención en salud (agravada por el mal manejo de la pandemia del COVID-19), como los causados por las fuerzas armadas, en medio de una vorágine de esquizofrenia colectiva a la que hemos llegado luego de 19 años de gobiernos fallidos, donde perdimos el norte creyendo que los problemas sociales se solucionan con la fuerza de las armas y no precisamente con la resolución de los problemas sociales que crearon la violencia.
Ante esto, debemos hacer un alto en el camino, mirarnos cara a cara todos los sectores enfrentados entre sí y preguntarnos para donde vamos, tenemos que encontrar la cordura, la inteligencia y el pragmatismo de hallar respuestas consensuadas. Nos encontramos en la mayor encrucijada de nuestra vida republicana, de la grandeza de las decisiones sabremos si podemos tener la esperanza de descubrir un puesto dentro de las naciones civilizadas o si seguimos despedazándonos mientras caemos en el despeñadero y terminar en el despreciable grupo de las naciones fallidas.
Uno de los temas más urgentes, si no el principal, ya que atenta contra la vida de todos los colombianos sin distingo de edad, condición social o color político y que en la actualidad causa casi 5 veces más muertes que el propio conflicto armado, es el de la salud.
Con carácter de urgencia el gobierno promueve el Proyecto de Ley 010 de 2020 “Por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud”.
Este proyecto de ley cuenta con una serie de defectos y vacíos que condenará a todo el país; en este orden, la reforma no constituye un cambio estructural en el sistema de salud, va en contravía de la ley estatutaria 1751, profundiza la visión neoliberal y continua el proceso de privatización de los recursos de la salud, abre las puertas a conglomerados nacionales y extranjeros para que se lucren de los recursos públicos de la salud, pone en riesgo la destinación específica de estos recursos, no da respuesta efectiva a la grave deuda de 24 billones de pesos con los prestadores de la salud públicos ni privados, no contempla los determinantes sociales de la salud, viola la autonomía universitaria y aún más la de los profesionales de la salud, es retrógrada desde su espíritu al quitar beneficios adquiridos de la cobertura de servicios de salud, no resuelve la precarización laboral de los trabajadores de la salud, confiere poderes especiales a las EPS sobre los entes territoriales, puede anularse la protección en salud si la EPS decide que se debe a falta de autocuidado, las redes integradas e integrales de servicios son excluyentes con gran parte de los trabajadores de la salud, la fusión y liquidación de hospitales públicos que nos sean viables (y los están empujando en esa dirección) obedece a un negocio turbio buscando privatizarlos, con la complicidad de privados y las fuerzas políticas de turno, busca transformar el instituto cancerológico (una institución que funciona bien) con la intención de privilegiar negocios particulares, trivializa y se le da un uso inadecuado a la especialización de medicina familiar y trata de fortalecer a las universidades privadas en detrimento de las universidades públicas. ¡Aberrante!
Los defectos de la ley 100 y todas las leyes, decretos y resoluciones que la han modificado, ya han sido ampliamente estudiadas y debatidas por la gran junta médica nacional arrojando, estos, una serie de soluciones que ya han sido más que enumeradas y trilladas, y todos los gobiernos desde el 2002 han ignorado deliberadamente estas recomendaciones.
Los actores de la salud hemos sido vilipendiados y humillados hasta que llegamos a la saciedad, miles de trabajadores han sido despedidos sin que hayan podido pensionarse en unas condiciones de pobreza y vulnerabilidad extrema, debemos rogar que nos dejen ver los enfermos y arrodillarnos para que nos paguen el producto de nuestro trabajo, todo esto ante los ojos indolentes y arrogantes de las autoridades que nos gobiernan y ante los ojos cómplices de las autoridades laborales y de justicia que deberían velar por los ciudadanos que pagan sus salarios.
¿Cómo pueden sorprenderse que la ciudadanía este en la calle llena de furia? ¿Quién empujo a todos los trabajadores de la salud a la calle a protestar?
No solo tienen que ser ciegos, indolentes y estúpidos para desconocer esta realidad. La necesidad del cambio es ahora, es ya, y pueden tener la seguridad que esta vez no habrá vacilaciones para exigir el cambio estructural que necesita el sistema de salud.
El proyecto de ley 010 es un enorme error jurídico y obviamente otra enlodada política (para usar términos que puedan ser publicados). No deben provocar más a la ciudadanía y causar más muertes innecesarias, tampoco terminen de agotar su poco capital político (si es que aún tienen alguno). Retiren el proyecto de ley 010 sin más dilaciones y participen de manera activa en el retorno de la normalidad al país, escuchen las peticiones del conjunto de toda la representación civil de Colombia y no le entreguen nuestra salud a los grandes grupos económicos nacionales e internacionales que están ad portas del genocidio más grande de nuestra historia.
Paren su Arrogancia, Ineficiencia y Testarudez.
Convoquen a la gran junta médica en salud para trabajar de su mano y convertir en realidad, sin mayores demoras, el cambio estructural que requiere la salud para los colombianos.
Los colombianos tenemos que proteger la vida de nuestros hijos y la nuestra.
Esta generación tiene que demostrar que podemos transformar el sistema de salud y rectificar el rumbo, evolucionar civilizadamente.