Hoy se inicia en el país un nuevo periodo legislativo cargado de anuncios de reformas en diferentes áreas. Es importante destacar que es la primera vez en la vida republicana de Colombia que una bancada alternativa logra llegar con mayorías al parlamento defendiendo la agenda de un electo gobierno de izquierda.
De ahí que en este cuatrenio legislativo se tenga la tarea de discutir las propuestas de Gustavo Petro, quien junto a su designado gabinete ya ha anticipado algunas de las principales transformaciones que realizaría.
El anunciado nuevo presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, aclaró cuáles son las principales discusiones: “Para este semestre, las directrices del nuevo gobierno es que presentaremos la reforma tributaria, una revisión del Presupuesto 2023, porque se necesitan más recursos para lo social, y, adicionalmente, se presentarán la reforma política anticorrupción, la reforma rural integral y la normatividad para avanzar en la paz total”, explicó.
Por último, anunció la creación de dos nuevos ministerios.
Los nuevos ministerios
Dos ministerios se crearían: el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia.
El primero estaría en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez y, según ha explicado la abogada y activista, trabajaría por la justicia social, la igualdad y los derechos de mujeres, jóvenes y comunidades que han sido históricamente excluidas.
La idea es, señaló, “garantizarles derechos a las poblaciones excluidas, a la población afrodescendiente, raizal, palenquera, indígena. Generar condiciones de igualdad para las mujeres (…), y por supuesto la juventud para mí es esencial”.
Sobre el Ministerio de la Paz es importante destacar que esta es una propuesta que recoge el Pacto del informe final de la Comisión de la Verdad, el cual señaló que esta cartera deberá tener “un enfoque en la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado”.
Las claves de la reforma tributaria
El ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, dijo a este diario hace un par de días que “hay unas demandas sociales inmensas, como se reflejó en el paro nacional que enfrentó el presidente Iván Duque el año pasado. Y nosotros tenemos el doble reto de responder a esas demandas sociales de la población colombiana, en un país que es de los más desiguales del mundo, donde los niveles de pobreza y hambre son inaceptables”.
Agregó el economista que “el impuesto de renta de las personas naturales aquí genera mínimos recursos. Y cuando se analiza por rangos de ingreso, los rangos más altos de ingreso tienden a pagar menos, lo que es absolutamente inaceptable en un país como Colombia. Este es el problema básico de la tributación colombiana. Y las otras partes de la tributación, es decir, el impuesto a la renta a las empresas es alto, y ojalá precisamente la cobertura de mayores ingresos de personas naturales nos permita también ir bajando el impuesto a las empresas, y no depender tampoco tanto del IVA”.
Otro de los elementos centrales de la reforma sería una ampliación sobre el impuesto a los dividendos que dejan las acciones de las compañías en bolsa y las grandes comisiones anuales que ganan los ejecutivos con altos salarios en estas empresas. Así mismo, habría una serie de mecanismos de lucha más frontal contra dineros y propiedades sacadas del país para no pagar impuestos en Colombia y sobre los bienes que pertenecen a personas naturales, pero que están a nombre de personas jurídicas.
Reforma política
La reforma política y electoral de la que se ha venido hablando, aunque menos que de las otras reformas, se basaría en la reestructuración de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, CNE, y avanzar en este sentido hacia una alta corte electoral.
Así mismo, habría listas cerradas con una democracia interna en los partidos para que haya un mayor control a la financiación de las campañas. Esto, además, con una serie de normas que beneficien a las mujeres que ejercen un liderazgo político. Al respecto, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, quien ha venido planteando al gobierno entrante la columna vertebral de la reforma, ha dicho que “la participación en política de los funcionarios públicos no está reglamentada y es fundamental poder avanzar hacia listas cerradas con democracia interna en los partidos, si deseamos poder tener una financiación de las campañas políticas que no pase por financiación ilegal o ilícita”.
Esta reforma se tramitaría de manera prioritaria junto a la tributaria y la rural con los postulados de las elecciones por listas cerradas, la financiación completa del Estado y la conformación de la alta corte electoral independiente.
Este proyecto sería encabezado por el ministro del Interior designado, para lo que suena Alfonso Prada.
La reforma agraria: la tierra
La ministra de Agricultura designada, Cecilia López, ha avanzado que la reforma rural y agraria del gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, se centra en un cambio en el uso y el acceso a la tierra en el campo colombiano.
La economista y columnista ha advertido al respecto que aunque en el país hay solo 14 millones de hectáreas con vocación de ganadería, se usan para este fin más de 32 millones de hectáreas. Es decir, hay 22 millones de hectáreas que podrían utilizarse en la producción de alimentos, pero de estas solo se usan para tal fin 5,6 millones de hectáreas, y además hay un potencial para bosques con más de 40 millones de hectáreas, pero solo se ocupan para ello menos de un millón de hectáreas.
Asimismo, ha puesto de presente la ex ministra de Agricultura y de Ambiente, y ex directora de Planeación Nacional, que, de acuerdo con el programa del Pacto, los grandes latifundistas dueños de terrenos improductivos tendrán tres opciones.
Una posibilidad es poner a producir la tierra en actividades que sean las más rentables de acuerdo con los conceptos del Instituto Agustín Codazzi.
Otra opción es que vendan la tierra al Estado.
Y la última, que paguen impuestos, por ejemplo, quienes desarrollen la ganadería en terrenos fértiles para alimentos.
Así las cosas, el gobierno entrante busca repartir 22 millones de hectáreas entre campesinos que estén dispuestos a producir la tierra.