Por fin se hace justicia y se enciende una luz de esperanza, en medio de tanta calamidad financiera que enfrenta el hospital Rosario Pumarejo de López. Hace pocos momentos la Superintendencia de Salud ordenó la intervención y toma posesión por un año del centro asistencial, luego de un proceso de auditoría en el que se identificaron 72 hallazgos financieros, asistenciales y administrativos, y se evidenció incumplimiento en el Plan de Mejora previsto en los últimos años.
La medida ordena la separación inmediata del cargo de la Gerente y a la Junta Directiva del hospital, siendo designado como agente especial interventor, el economista y especialista en administración en salud Duver Vargas Rojas.
En tal sentido, la Superintendencia Nacional de Salud toma de posesión de los bienes, haberes y negocios del hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar. “Es tan crítica la situación encontrada en la gestión del hospital que se estaba poniendo en riesgo la adecuada y oportuna prestación del servicio de salud a los usuarios en condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.
En nuevo agente interventor desarrollará un estricto plan de acción que permita garantizar la prestación de los servicios de salud, trabajar en subsanar las graves deficiencias encontradas y procurar la estabilización de los principales indicadores de gestión.
De acuerdo con la resolución 20224200000000426 del 14 de enero de 2022, por medio de la cual se ordena la intervención forzosa para administrar por un año, “el hospital evidencia fallas en infraestructura, en dotación, mantenimiento, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, historia clínica, procesos prioritarios e interdependencia de servicios; lo cual repercute de manera negativa en la prestación segura del servicio”.
Una de las causales para adoptar la medida es que el hospital incurre en prácticas no autorizadas como el inadecuado funcionamiento de los equipos biomédicos, falta de seguridad para la atención del paciente, incumplimiento del proceso de esterilización y a los pacientes no se les ejecutan adecuadamente los planes de tratamiento ordenados por los médicos tratantes.
También se identificó el incumplimiento de las disposiciones que regulan el flujo de recursos y de los bienes públicos que administra, al igual que se detectó una inadecuada gestión en asuntos como un posible detrimento patrimonial por medicamentos vencidos o mal almacenados, inventarios y diferencias entre las cuentas por pagar reportadas en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO).
La Supersalud también anunció que tiene abiertos dos procesos de investigación administrativa contra la exrepresentante legal del hospital, Jakeline Henríquez Hernández, quien estuvo al frente del hospital desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021.
NO REESTRUCTURÓ LOS PASIVOS
En julio del año pasado, durante una mesa de trabajo realizada en Valledupar, el propio Superintendente Aristizábal Ángel planteó a las autoridades departamentales la alternativa de que el hospital se acogiera a un acuerdo de reestructuración de pasivos, como fórmula para la crisis financiera que enfrentaba.
Cuatro meses después, en noviembre de 2021, el hospital allegó a la Supersalud la solicitud de reestructuración de pasivos, pero esta no cumplió con los criterios establecidos en la ley 550 de 1999.
De los 11 requisitos establecidos para la presentación de esta solicitud, el hospital solo cumplió con dos, por lo que la Superintendencia hizo requerimientos para que se enmendara o se diera alcance a la información reportada en la propuesta, pero no se recibió ninguna respuesta dentro del plazo establecido, razón por la cual se decidió rechazar la solicitud de reestructuración de pasivos, según lo informó la Supersalud a través de un comunicado.
A juicio de la Supersalud, dicha propuesta no sustentaba la recuperación del hospital en el corto, mediano y largo plazo y, adicionalmente, planteaba un escenario financiero deficitario en el que los ingresos y el recaudo no cubrían el costo de operación, lo que hubiera generado más pasivos sin posibilidad de pago.
A las alertas y alternativas dadas por la Superintendencia por la situación del hospital, se han sumado los aportes y recursos destinados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, por más de 37 mil millones de pesos para contribuir en aspectos como la dotación, infraestructura, disponibilidad de camas UCI y pagos por concepto de prestación de servicios a la población migrante.
PÉRDIDAS POR MÁS DE 60.000 MILLONES DE PESOS
Según el concepto técnico de la Supersalud para adoptar la medida de intervención, el hospital se encuentra en estado de insolvencia crítica y en una situación financiera muy grave, con pérdidas cercanas a los 60.000 millones de pesos, un déficit presupuestal de 36.135 millones y una cartera de 104.357 millones de pesos, a junio de 2021.
“El hospital experimenta una situación crítica financieramente, con falencias por escasa gestión gerencial, deficiente contratación con las EPS, inexistencia de sistema de costos, deficiente depuración de cartera y gestión de recaudo, demandas contra la entidad lo cual ha redundado en el cese de actividades por un personal que se siente desmotivado y falta de contratación”, señala dicho concepto elaborado como parte del seguimiento al desempeño del hospital.
A lo anterior, se suma una deficiente gestión de recaudo, mala depuración de cartera y que no garantiza controles ni procedimientos de bioseguridad durante la pandemia, factores estos que ponen en riesgo la prestación de los servicios de salud a los usuarios del hospital, la mayoría pertenecientes al régimen subsidiado.
NO CUMPLIÓ PLAN DE MEJORAMIENTO
El monitoreo constante y las auditorías hechas por la Superintendencia a los indicadores de la institución hospitalaria muestran que el Rosario Pumarejo de López no ha corregido la totalidad de los 96 hallazgos detectados en agosto de 2020.
En ese momento, y a raíz de ese cúmulo de deficiencias, se le estableció un Plan de Mejoramiento al hospital, pero más de un año después se pudo verificar que aún persisten 72 incumplimientos que deben ser subsanados.
De estos hallazgos, 34 corresponden al componente asistencial, 30 al financiero y 8 al administrativo, entre los cuales se encuentran los siguientes:
Facturó servicios sobre los cuales no justificó o soportó su cobro, tales como medicamentos o materiales que no fueron administrados y/o aplicados a los pacientes, posteriormente retornados a la farmacia, para ser facturados nuevamente; respecto a las obligaciones laborales, con corte a junio de 2021, mostraba un rezago de pagos acumulado de varios meses, lo que provocaba ceses de actividades y desmotivación generalizada entre personal de la salud.
La información reportada presenta diferencias entre las cuentas por pagar reportadas en SIHO, los estados financieros certificados, lo entregado al equipo auditor y lo reportado por las Empresas Responsables de Pago (ERP).
Se evidenció desabastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos medico quirúrgicos y reúso de dispositivos médicos que no lo permiten.
Con la intervención forzosa durante un año, el hospital deberá poner en marcha un estricto plan de acción para trabajar en estabilizar los indicadores administrativos, financieros, asistenciales y jurídicos, como ya se viene haciendo en otros 16 hospitales regionales que también se encuentran bajo esta medida administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.