La Contraloría alertó por retrasos en el Programa de Alimentación Escolar, pues a dos meses que iniciaron las clases, 11 municipios no han dado un inicio oportuno a este programa, lo que significa que un millón de estudiantes en el país aún no están recibiendo alimentación escolar.
El caso más grave es en Buenaventura, que presenta un retraso en el inicio de operación de 70 días; mientras que en Neiva, Caquetá, Cesar, Pitalito, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Santa Marta, Sincelejo y Sucre presentan un retraso superior a dos meses.
Y, adicionalmente, presentaron observaciones en cinco entidades territoriales (Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca y Boyacá) que pese a que reportaron inicio en el territorio no están operando en un 100 por ciento la prestación del servicio del PAE.
“La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022, es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas realiza un Especial Seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las Gerencias Departamentales”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.
En las 150 visitas que realizó el ente de control entre enero y febrero evidenció falencias en las condiciones de infraestructura requerida para la entrega de alimentos, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas.
“El 16% de las instituciones educativas (24) no cuentan con cocina, el 26% (39) no tienen un lugar de almacenamiento, el 15% (22) carecen de comedor y el 22% (33) no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos”, asegura la entidad.
Y señaló que en 10 instituciones educativas se han presentado alertas de calidad e inocuidad sanitaria debido a brotes por Enfermedades transmitidas por alimentos.
Así mismo, a partir de ese Especial Seguimiento, la Contraloría identificó que 20 ETC presentan prontas fechas de caducidad en la contratación para la operación del programa en la actual vigencia.
“Estamos formulando un llamado a las entidades territoriales a que atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, pues se tiene que tener en cuenta que el sector de la educación es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de la gestión pública y el PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia por parte de este organismo de control”, señaló Pineda.