Los centros transitorios de reclusión que deberían ser de paso para quienes se pondrán a disposición de un juez en las próximas 36 horas siguientes a una captura sea por flagrancia o por orden judicial, hoy se han convertido en lugares permanentes para 19.471 personas privadas de la libertad en el país. Según la Defensoría del Pueblo, actualmente, en estos sitios hay una sobrepoblación de 12.744 personas.
“Lo que ha sucedido es que, a partir del año 2020 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, cerró las puertas de las cárceles en Colombia, eso generó que las personas que se iban deteniendo y que se les iba determinando que tenían la medida privativa de la libertad se mantuvieran no en las cárceles como dice la ley, sino en los mismos centros de detención transitoria. Es decir, en URI y estaciones de policía”, dijo el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.
En ese sentido, preciso que “el hacinamiento en esos centros transitorios de reclusión era del 189%, en 2020, en agosto del año 2021 fue del 168% y en la última de 2022, es del 171%. Esto significa que la capacidad total es de 6.727 personas, pero, actualmente hay 19.471 en esos sitios”.
Las alarmantes estadísticas se revelaron en el marco del Congreso de Derechos Humanos: Propuestas y soluciones frente al hacinamiento carcelario y la defensa del medio ambiente, que se instaló este 10 de noviembre en la ciudad de Montería, donde el mismo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que en medio de esta crisis se contempla un proyecto de ley que sería presentado ante el Congreso de la República con la finalidad de superar el complejo panorama.
“Frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo trabaja para buscar soluciones alternativas, de justicia restaurativa y formas punitivas diferentes a la detención en establecimientos carcelarios. En esta tarea, junto a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) estamos preparando un proyecto de ley que planteará una solución a la crisis carcelaria acorde con los planteamientos de la Corte Constitucional”, sostuvo Carlos Camargo.
«En este proyecto de ley, junto a Asocapitales, buscamos que se haga una distribución equilibrada y ajustada a las competencias y recursos para que tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal se puedan distribuir las diferentes obligaciones respecto de las personas privadas de la libertad y de esta manera se puedan asegurar los mínimos básicos en cuanto acceso a derechos de esta población», agregó el defensor del Pueblo.
La situación más alarmante en el país, se presentaría en la Estación La 19 de la ciudad de Riohacha, en La Guajira, donde el porcentaje de hacinamiento llegó al 2.000%.