El expresidente Álvaro Uribe ha provocado controversia en la opinión pública luego de presentar su propuesta político –jurídica: una amnistía general que permita al país una especie de «borrón y cuenta nueva» sobre hechos ocurridos en el marco del conflicto armado.
Entre las propuestas esgrimidas por el exmandatario se encuentra que, por una vez, se otorgue la oportunidad de que condenados y procesados puedan ser elegidos y tengan descuento carcelario. Esto, haciendo excepción sobre quienes hayan cometido crímenes de guerra, lesa humanidad y corrupción en la contratación.
Sin embargo, uno de los críticos a la propuesta es el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien manifestó en diálogo con el diario El Tiempo que la propuesta es inviable, al suponer un “desmonte subrepticio de la implementación del acuerdo de paz”.
Así lo argumentó el magistrado Cifuentes: “No es posible otorgar amnistías generales, como una especie de borrón y cuenta nueva. Estas amnistías incondicionadas están prohibidas en el derecho internacional para los crímenes internacionales (…) no es posible desmontar el acuerdo de paz en este momento, pues representaría la sustitución de un rasgo definitorio de la identidad de la Constitución, como es la buena fe”.
Ante esto, Cifuentes advirtió que, de hacerse efectiva la propuesta del exmandatario, esta tardaría muy poco en caerse ante la Corte Constitucional.