Previo a la presentación de la reforma tributaria que busca plantear el Gobierno para hacerle frente a las pérdidas de la pandemia, el expresidente Álvaro Uribe insistió en la implementación de su referendo, que incluye reducir los salarios y la cantidad de legisladores en el Congreso, según indico, para gastar menos recursos en burocracia.
«Una política de austeridad debe incluir ejemplos como la disminución del salario del Congreso y la reducción de curules. Esto último seguramente exigirá referendo. Menos gastos en el Estado y Universidad Pública gratuita para estratos 1, 2 y 3. Con expansión de virtualidad», aseguró el exmandatario.
Sobre esto, el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez detalló que «nosotros planteamos esa propuesta desde el 2013, en la creación de nuestro partido. Incluso se planteó desde el comienzo del Gobierno de Álvaro Uribe, en 2002. Por eso, siendo coherentes con nuestra posición, insistiremos en reducir el Congreso, el salario de los congresistas, y no aumentarlo, que es lo que se ha hecho en los últimos años».
Sin embargo, el reducir la cantidad de congresistas es visto como una amenaza para la oposición, según lo manifestó el senador Iván Cepeda. «Estamos en contra de cualquier reducción del Congreso, porque implicaría restar representación política a muchos territorios y sectores del país. Es una propuesta de un carácter eminentemente antidemocrático, como la gran mayoría, sino todas las del uribismo. Y es parte de un intento por cerrar la participación de la oposición».
En adición, el representante de Cambio Radical José Daniel López aseguró que «hoy proponen reducir las curules, pero cuando votaron en la reforma política que eliminaba el voto preferente, una de las mayores fuentes de vicio en el Congreso, en su gran mayoría prefirieron hundirla. Quieren reducir el Congreso, pero no se atreven a tocar los cargos diplomáticos ni a meterle más meritocracia y carrera diplomática a la representación colombiana en el exterior».
La propuesta del uribismo, aseguran en el Centro Democrático, pretende frenar los gastos de nómina directa y de personas contratistas del Estado, así como eliminar cargos y entidades innecesarias. para avanzar en el Estado social.