En medio del estudio que le hace la Corte Constitucional al decreto de emergencia económica y social por la situación de crisis en La Guajira, la Procuraduría General de la Nación le pidió al alto tribunal, con un concepto de 25 páginas, tumbar el decreto de Gustavo Petro.
Según Margarita Cabello, el presidente está instrumentalizando la situación de La Guajira para obtener facultades legislativas, puesto que los argumentos que expuso no son nuevos.
“El Decreto 1085 de 2023 establece el ámbito territorial del estado de emergencia, ya que precisa que se extiende “al departamento de La Guajira, tanto en el área urbana como en la rural, es decir, circunscribe la declaratoria a una entidad territorial de naturaleza constitucional”, dice el documento.
También critica que no era necesario convocar al Congreso: “lugar, se pone de presente que en esta oportunidad no era necesario convocar al Congreso de la República. Ello, toda vez que, para la fecha de finalización del estado de emergencia declarado en el Decreto 1085 de 2023 (1 de agosto de 2023), las cámaras estarían reunidas con ocasión del inicio del primer periodo de la segunda legislatura del cuatrienio constitucional 2022-2026 (20 de julio de 2023)”.
Lo que enfatiza el ministerio Público, es que el presidente de la República debió acatar y pedir que se cumpla la sentencia que declaró el ECI, el Estado de Cosas Inconstitucional en la Guajira, y no que el Gobierno Nacional utilice la crisis para: “eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes o el cumplimiento de los fallos judiciales”.