Luego de nueve días de diálogos entre el Gobierno nacional y las delegaciones de la producción arrocera de Tolima y Huila, las partes alcanzaron este martes, 11 de marzo, un consenso para, según el Ministerio de Agricultura, “sentar las bases para el manejo estructural del sector”.
El acuerdo, que pone fin a más de una semana de alarma en el gremio arrocero, incluye manejo fitosanitario, financiamiento para la pequeña y mediana producción, beneficios para la comercialización, salvaguardias y un fondo de estabilización de precios.
Para la comercialización, la cartera del agro anunció la disposición de recursos por $21.930 millones para atender a pequeños y medianos productores, y la idea es que cerca del 40% de la cifra llegue a la pequeña producción para apoyar en la venta de casi 73 mil toneladas del grano.
“La estrategia de comercialización incluye la apertura de mercados en el exterior con apoyo del Ministerio de Comercio, Procolombia y la Agencia de Desarrollo Rural”, explicó con un comunicado el Ministerio, que precisó que “buena parte” de los inventarios actuales llegará a Venezuela.
El Gobierno, además, promete fortalecer las compras públicas locales para que la producción arrocera surta distintos programas sociales, incluyendo un apoyo de maquila un servicio de producción por encargo— para tres mil toneladas cosechadas por pequeños y medianos productores.
César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, comentó en La W este martes que la intención estatal es “revivir un tipo de Instituto de Mercadeo Agropecuaro (Idema)” que “hace compras a los productores por encima del costo de producción”, garantizando rentabilidad.
La cartera de Agricultura, liderada por Martha Carvajalino, se comprometió a trabajar con el Ministerio de Comercio, del que apenas salió Luis Carlos Reyes, para “adelantar las actuaciones pertinentes frente a la expedición de salvaguardias que protejan la producción nacional”.
El historial reciente de salvaguardias no favorece al gobierno del presidente Gustavo Petro. El año pasado el Ejecutivo impuso un arancel a las importaciones de barras de hierro o acero corrugadas que llegaban de países de la Comunidad Andina, pero el ente internacional lo impidió.
La Comunidad no encontró evidencia suficiente sobre el alegado incremento desproporcionado de las importaciones de los Estados miembros de la alianza, por lo que suspendió el 2 de marzo la salvaguardia, que el Gobierno había coordinado con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Actualmente, el asiento de Reyes en el gabinete ministerial no cuenta con un reemplazo, mas la ausencia de un titular de cartera no impidió que la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, acordara la posibilidad de establecer salvaguardias a las importaciones de arroz.
Por su parte, la Agencia de Desarrollo Rural “considerará establecer un convenio cooperativo para aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que promuevan el fortalecimiento de las capacidades comerciales, agroindustriales y agrologísticas” de las organizaciones productoras.
La ADR espera destinar $10.000 millones al convenio. La viceministra Ortega indicó, al cierre de los diálogos, que el Gobierno contará con “una serie de mecanismos para atender las necesidades de los pequeños y medianos productores, y así lograr un apoyo para la comercialización”.
Ortega solicitó, asimismo, que el gremio arrocero levantara los cierres viales que interrumpían el tráfico, principalmente en Norte de Santander, tras las jornadas de protesta en Meta, Sucre, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira, Córdoba y Santander. La funcionaria pidió “el desbloqueo inmediato”.