En medio de la creciente preocupación por la situación de secuestro de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios judiciales en Colombia, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió a la figura de los llamados “juicios revolucionarios” promovidos por grupos armados ilegales, asegurando que no tienen ningún sustento jurídico y constituyen una violación al derecho internacional humanitario.
En entrevista con Caracol Radio, el jefe de la cartera de Justicia fue enfático en señalar que en un Estado de derecho como el colombiano existe un principio fundamental: el monopolio de la ley recae exclusivamente en las instituciones estatales. “Solo la Fiscalía investiga y acusa, y los jueces condenan. Eso no se discute”, afirmó.
Según explicó, cuando un grupo armado como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pretende realizar este tipo de “juicios”, lo que hace es intentar legitimar una acción ilegal. “Se trata de una toma de rehenes, tipificada en el Código Penal y prohibida por los protocolos de Ginebra”, precisó.
El ministro también descartó la posibilidad de considerar un eventual intercambio de prisioneros con este grupo armado. Aunque reconoció que en conflictos internacionales —como los regulados por los convenios de Ginebra— se contemplan canjes, aclaró que en conflictos internos, como el colombiano, esta figura no aplica.
“Un canje implicaría reconocer legitimidad a un grupo armado ilegal, lo cual no está permitido ni por el derecho internacional ni por la legislación colombiana”, explicó. En ese sentido, insistió en que lo procedente es exigir la liberación de los secuestrados mediante presión nacional e internacional, con mediación de organismos humanitarios.
Frente a las críticas sobre la política de “paz total” del gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro reconoció que se trata de una estrategia ambiciosa que enfrenta múltiples dificultades.
Cuervo consideró que uno de los errores ha sido fijar plazos a las negociaciones. “Los procesos de paz son complejos. El acuerdo con las FARC tomó cerca de ocho años si se cuenta toda su fase preparatoria y de implementación”, recordó.
Además, subrayó que estos procesos deben ir acompañados de mejoras reales en la seguridad para las comunidades. “La legitimidad se construye cuando la ciudadanía percibe que negociar reduce la violencia”, señaló.
También hizo énfasis en una deuda histórica del Estado tras la desmovilización de las FARC: la falta de ocupación institucional en territorios que quedaron vacíos, lo que facilitó la expansión de otros grupos armados.
Ante el estancamiento de los diálogos con el ELN, el ministro planteó que el Gobierno debería enfocarse en lograr acuerdos humanitarios en el corto plazo. Entre ellos, la liberación de secuestrados, la prohibición del reclutamiento de menores, el fin de ataques a la población civil y la protección de infraestructura.
“Sin esos mínimos, es muy difícil avanzar en cualquier negociación”, advirtió.
Cuervo aclaró que la ley de “paz total” distingue entre organizaciones con origen político —como el ELN— y estructuras criminales vinculadas principalmente al narcotráfico. Mientras con las primeras se pueden adelantar procesos de paz, con las segundas solo caben mecanismos de sometimiento a la justicia.
Así, más allá del debate político sobre la naturaleza actual de estos grupos, el ministro insistió en que el marco legal vigente permite diferenciarlos y definir rutas distintas para su desmovilización.