Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), elaborado con base en datos oficiales del Ministerio de Defensa, señala que los grupos armados ilegales en Colombia alcanzaron los 28.802 integrantes a julio de 2026, frente a los 15.120 registrados en diciembre de 2022. La cifra representa un incremento cercano al 90 % durante el periodo de implementación de la política de Paz Total.
El documento sostiene que, mientras avanzaban las negociaciones con distintas organizaciones ilegales, estas fortalecieron su presencia territorial y mantuvieron acciones violentas contra la población civil. Según la FIP, la postura del Gobierno en varias mesas de diálogo fue insuficiente para contener la expansión de estas estructuras, lo que terminó favoreciendo su capacidad de influencia.
El análisis también evidencia un deterioro de la seguridad en varias regiones del país. Las disputas entre grupos armados pasaron de siete en 2022 a catorce en la actualidad, mientras que durante 2025 se registraron 116 enfrentamientos entre estas organizaciones, la cifra anual más alta desde 2016.
Pese a las críticas, el informe reconoce algunos avances de la estrategia, entre ellos la reducción de homicidios en departamentos como Putumayo y Nariño, la tregua temporal entre los grupos Shottas y Espartanos en Buenaventura y el desarme de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Sin embargo, la FIP considera que estos logros no lograron disminuir de manera significativa la capacidad operativa de las estructuras ilegales.
En materia territorial, el documento destaca la implementación de 55 compromisos en ocho mesas de diálogo y resalta como uno de los principales resultados el tránsito a la vida civil de 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Como balance general, la Fundación identifica trece errores en la implementación de la Paz Total. Entre ellos menciona la ausencia de objetivos claros para las negociaciones, la falta de un marco jurídico sólido, el reconocimiento político de algunos grupos sin suficiente caracterización, la inexistencia de límites frente al reclutamiento de menores y la expansión territorial, así como la escasa articulación entre la política de paz y la estrategia de seguridad.
Finalmente, la FIP concluye que cualquier futura política de negociación deberá integrar de manera coordinada los esfuerzos de paz y seguridad, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y establecer reglas claras para evitar que los grupos armados utilicen los diálogos como un mecanismo para consolidar su poder.