El Gobierno Nacional levantó este martes la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, mediante el Decreto 1368 de 2026, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.
La medida establece que los permisos individuales que se encuentren vigentes recuperan su validez, aunque el porte de armas continuará sujeto a los controles, requisitos y autorizaciones establecidos por la legislación colombiana.
El decreto señala que las autoridades militares deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la eliminación de la suspensión general y restablecer la eficacia de los permisos individuales vigentes.
No se trata de porte indiscriminado
El presidente Abelardo De La Espriella aclaró que la decisión no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma libremente. Según explicó, se elimina la suspensión general que había convertido la prohibición en una regla, pero se mantienen las exigencias legales para acceder a un permiso.
Entre las condiciones mencionadas por el mandatario se encuentran:
- Contar con un permiso vigente expedido por la autoridad militar.
- Que el arma esté amparada por el respectivo permiso.
- Tener una edad mínima de 25 años.
- No registrar antecedentes.
- Aprobar los exámenes médicos y de aptitud psicofísica correspondientes.
- Acreditar conocimientos teóricos relacionados con el manejo del arma.
Gobierno sustenta la decisión en cifras de incautaciones
Para justificar la medida, el mandatario presentó cifras de la Fuerza Pública correspondientes al periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre.
De acuerdo con los datos divulgados, durante ese periodo fueron incautadas 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
El Gobierno indicó además que 980 armas estarían vinculadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
De La Espriella destacó que, dentro de las armas relacionadas con las disidencias, se encontraron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.
Con la entrada en vigencia del Decreto 1368, el Gobierno busca modificar la política de suspensión general del porte, manteniendo al mismo tiempo los controles individuales y las exigencias establecidas por la ley para quienes soliciten o tengan autorización para portar armas de fuego.