En un concurrido auditorio la Cámara de Comercio de Valledupar, para el Valle del Río Cesar realizó su audiencia pública anual de rendición de cuentas vigencia 2021, un evento virtual transmitido por todas las plataformas digitales de la institución, sin embargo, hubo un espacio presencial al que asistieron representantes de diferentes instituciones del orden público y privado, gremios, comerciantes, entes de control y periodistas.
El encargado de dar apertura al acto fue el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez quien junto a su equipo de trabajo de las diferentes áreas de la entidad hizo un balance de la gestión desarrollada en el año anterior, destacando importante logros en materia de registros públicos, competitividad empresarial y acompañamiento al tejido micro y empresarial en el proceso de reactivación económica que se viene dando en el departamento en medio de la pandemia del covid19.
Urón Márquez manifestó que “la mayor entrega que ha hecho la Cámara es estar al lado de los microempresarios en el proceso de reactivación, de legalidad y que se cumplieran los protocolos de bioseguridad, además hemos logrado interactuar con las instancias de gobierno nacional, departamental y municipal porque la recuperación de la economía es un trabajo de todos”. El presidente de la Cámara también hizo énfasis en el llamado que se hace de manera permanente al sector financiero para que provea de los recursos necesarios al torrente empresarial para que éste logre mantener sus nóminas, avancen en la apertura de sus establecimientos de comercio al público y que puedan seguir contribuyendo con el pago de sus impuestos.
La dinámica del evento estuvo liderada por la vicepresidenta jurídica y líder de la Secretaría de Transparencia, Laury Lisette Oñate Murgas quien explicó que la rendición de cuentas es un espacio de participación ciudadana en el que se da a conocer a la opinión publica las ejecutorias de la entidad y se visibiliza el cumplimiento del plan anual de trabajo aprobado por la Superintendencia de Sociedades.
Para alcanzar un diálogo fluido los comerciantes, empresarios y ciudadanía en general tuvieron la oportunidad de realizar propuestas, plantear preguntas e inquietudes a través de los medios habilitados por la Cámara, las cuales fueron resueltas, en el desarrollo de la jornada, por el equipo de la Cámara en cabeza de las áreas de la Vicepresidencia de Competitividad, Observatorio Socioeconómico, Financiera, Fortalecimiento Empresarial, Desarrollo regional y la Oficina de Paz y Derechos Humanos.
Funcionarios de la Alcaldía de Valledupar, Gobernación del Cesar, Migración, directivos del sector privado, entes de control como la Contraloría, líderes gremiales, rectores de las universidades y veedores ciudadanos acompañaron esta audiencia realizada en el Salón de eventos de la Cámara de Comercio.
La Contraloría alertó por retrasos en el Programa de Alimentación Escolar, pues a dos meses que iniciaron las clases, 11 municipios no han dado un inicio oportuno a este programa, lo que significa que un millón de estudiantes en el país aún no están recibiendo alimentación escolar.
El caso más grave es en Buenaventura, que presenta un retraso en el inicio de operación de 70 días; mientras que en Neiva, Caquetá, Cesar, Pitalito, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Santa Marta, Sincelejo y Sucre presentan un retraso superior a dos meses.
Y, adicionalmente, presentaron observaciones en cinco entidades territoriales (Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca y Boyacá) que pese a que reportaron inicio en el territorio no están operando en un 100 por ciento la prestación del servicio del PAE.
“La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022, es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas realiza un Especial Seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las Gerencias Departamentales”, indicó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.
En las 150 visitas que realizó el ente de control entre enero y febrero evidenció falencias en las condiciones de infraestructura requerida para la entrega de alimentos, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas.
“El 16% de las instituciones educativas (24) no cuentan con cocina, el 26% (39) no tienen un lugar de almacenamiento, el 15% (22) carecen de comedor y el 22% (33) no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos”, asegura la entidad.
Y señaló que en 10 instituciones educativas se han presentado alertas de calidad e inocuidad sanitaria debido a brotes por Enfermedades transmitidas por alimentos.
Así mismo, a partir de ese Especial Seguimiento, la Contraloría identificó que 20 ETC presentan prontas fechas de caducidad en la contratación para la operación del programa en la actual vigencia.
“Estamos formulando un llamado a las entidades territoriales a que atiendan, contraten y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, pues se tiene que tener en cuenta que el sector de la educación es uno de los de mayor impacto social en el ámbito de la gestión pública y el PAE, en su gran mayoría, es financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, que son objeto de vigilancia por parte de este organismo de control”, señaló Pineda.
Ucrania acusa a Rusia de no reducir la intensidad de los ataques en Kiev y Chernígov pese a promesas
Las autoridades ucranianas creen que es «demasiado pronto» para confirmar que los rusos han cumplido su compromiso de reducir los ataques sobre las ciudades de Kiev y Chernígov , ya que durante toda esta noche se produjeron bombardeos y hanseguido sonando las sirenas antiaéreas.
«Las sirenas antiaéreas sonaron en casi toda Ucrania por la noche, hubo bombardeos en Chernígov , en la región de Khmelnytsky, varios cohetes fueron derribados sobre Kiev», aseguró Vadym Denysenko, asesor del ministerio del Interior ucraniano, según la agencia local Interfax-Uckraine.
Por ello, «desafortunadamente, no es posible decir que los rusos están reduciendo la intensidad de las hostilidades en torno a Kiev y Chernígov», agregó el asesor en unas declaraciones emitidas por las televisiones locales.
«En Kiev, hasta donde podemos hablar ahora, varios misiles fueron derribados sobre la capital. Ahora la situación se está aclarando», precisó.
De hecho, en toda la región de Kiev se escucharon esta noche pasada los combates que se están produciendo en la cercana Irpen, una localidad que los ucranianos dicen haber recuperado tras ser ocupada por los rusos, según Denysenko.
“Podemos decir además que ciertas unidades y equipos (rusos) están ingresando en el territorio de Bielorrusia. Esto es más una rotación de tropas para el lamido de sus heridas que una suspensión real de las hostilidades”, dijo el asesor ministerial.
Rusia, que invadió Ucrania el pasado 24 de febrero, se comprometió este martes a disminuir su presión ofensiva sobre las ciudades de Kiev y Chernígov, tras las conversaciones que mantuvieron delegados ucranianos y rusos en Estambul.
Desalentador anuncio del Kremlin
Las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul el martes no dieron lugar a nada «muy prometedor» ni a ningún «avance», declaró este miércoles el Kremlin, echando un jarro de agua fría a las esperanzas de progresos para terminar con la guerra.
«Por el momento, no podemos informar de nada muy prometedor o de un avance. Hay mucho trabajo por hacer», declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
De todos modos, Peskov calificó de «positivo» el hecho de que la delegación ucraniana «haya finalmente comenzado a formular de manera concreta sus propuestas y a ponerlas por escrito».
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dio a conocer que Yeraldin Sosa, madre de los niños envenenados por su padre, recibe atención por parte de un equipo interdisciplinario de esta entidad.
Explicaron que el tipo de atención brindada es acompañamiento psicosocial, debido a que uno de los niños era beneficiario de la modalidad hogar comunitario.
Asimismo la entidad indicó que, a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se desarrollarán e implementarán estrategias de salud mental para los padres de familia de los otros menores de edad atendidos en la unidad de servicio del ICBF con el objetivo de detectar signos de alarma que pongan en peligro la integridad de los niños, todo esto, por medio del trabajo articulado con las demás instituciones.
La Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) están denunciando que las Fuerzas Militares habrían presentado civiles como disidentes FARC muertos en una operación realizada el lunes 28 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).
Las organizaciones sociales denuncian que entre los 11 muertos que registró el Ejército Nacional, habría por lo menos 7 civiles: Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso; Ana María Sarria Barrera, esposa del presidente de la Junta; Brayan Santiago Pama, un menor de Edad 16 años y Pablo Panduro Coquinche, Gobernador del Cabildo Kichwa.
Asimismo, señalan que habría una persona identificada como Oscar Olivo Yela y otras dos conocidas como ‘Pequeño’ y ‘Cuéllar’, habitantes de la zona. Según esa Red de Derechos Humanos, la comunidad reporta cuerpos desaparecidos, también informan desplazamiento de los habitantes de la vereda Alto Remanso, donde se realizó la operación militar.
Por su parte, la Opiac entregó una versión de uno de los familiares de estas personas. Al parecer, antes de la operación del Ejército, las víctimas se encontraban en una ‘caseta comunal’ donde realizaban un ‘bazar’ en donde habrían recolectado ‘11 millones de pesos’ para las necesidades de la misma vereda.
La Opiac considera que es un ‘falso positivo’ por parte de las Fuerzas Militares, por lo que pide al ministro de Defensa, Diego Molano, retractarse de un trino en el que informa de la operación militar y solicita a la Fiscalía y a la Policía Judicial garantías para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.
Esa organización indígena indicó que Pablo Panduro Coquinche fue elegido como Gobernador del Cabildo Kichwa el pasado 15 de enero, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo.
Por ahora, no ha habido una respuesta concreta a estas denuncias de las organizaciones indígenas y de Derechos Humanos, pero este martes, un día después de la operación militar, el Ejército Nacional presentó una declaración y un comunicado de prensa.
El jefe del Comando Conjunto N°3 Suroriente, general Edgar Rodríguez, informó que la ofensiva estaba dirigida contra una comisión de finanzas de la disidencia FARC ‘Comandos de Frontera’, brazo armado en el sur del país de la ‘Segunda Marquetalia’, al mando de ‘Iván Márquez’.
Según dijo el alto oficial, el objetivo principal era ubicar a alias ‘Bruno’ quien, al parecer, “se encargaba en el caserío del Alto Remanso de reunir a la población civil, de recibir la pasta base de coca para comercializarla y les cancelaba. Esto lo hacía todos los fines de semana”.
El general Rodríguez aseguró que los muertos son “11 integrantes de esta estructura criminal y cuatro fueron heridos, a quienes se les prestó los primeros auxilios con los enfermeros de combate y luego trasladados a centros hospitalarios de Puerto Asís”.
Los cuatro capturados, según detalló el Ejército, resultaron heridos en medio de los combates. “Precisamente, minutos antes, en medio del combate, los miembros de ese GAO-r atacaron con ráfagas de fusil a quienes luego se encargaron de estabilizarlos y salvarles la vida”, indica el comunicado.
Entre los heridos se encuentra una mujer en estado de embarazo, quien haría parte de esta estructura criminal y habría participado en el ataque armado a las tropas. “Esta persona, según información preliminar, presenta una afectación leve en una de sus piernas, y fue trasladada, junto con los otros heridos, en un helicóptero de la División de Aviación Asalto Aéreo”, dice el Ejército.
En el mismo hecho, un soldado resultó herido. De momento, se han incautado seis armas de fuego, material de intendencia y munición. Será Medicina Legal la encargada de la identificación de los cadáveres. Se desconoce si entre los fallecidos está algún cabecilla.
El proceso contra el excongresista Eduardo Pulgar , se da por intentar sobornar a un juez de la República con $ 200 millones para, presuntamente, favorecer a su amigo el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta Osío en una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
En audiencia ante la Procuraduría General de la Nación, Eduardo Pulgar Daza es sancionado e inhabilitado por 12 años para ocupar cargos públicos, el excongresista ya fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
“Sancionar consecuentemente por la conducta disciplinaria a Eduardo Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos investigados con destitución e inhabilidad general por el término de 12 años”, señaló la Procuraduría.
En audiencia, el Ministerio Público negó la petición de la defensa de Pulgar, el abogado Alarcón, quien pretendía eliminar los audios que demostrarían el ofrecimiento de 200 millones de pesos parte de Pulgar, al juez promiscuo municipal de Usiacurí, Andrés Rodríguez Caez, porque según la defensa, no habría cadena de custodia y se entregaron a la justicia tres años después del ofrecimiento.
Sin embargo, la Procuraduría aceptó la prueba de los audios: “porque es un hecho acreditado que en el juez fue la persona en la que recayó la conducta ilícita, por lo que estaba legitimado para grabar las acciones, porque en dos ocasiones fue víctima en su rol como juez, estas reuniones que no fueron causales ni inesperadas, sino el contrario planeadas con la finalidad de persuadir al juez, para que profiriera a favor o aplazara el juicio”, indicó el ente.
Según la Procuraduría, el exsenador Pulgar utilizó su cargo para que Ronald Padilla, exalcalde de Usiacurí, convenciera al juez Rodríguez Caez de reunirse con Eduardo Pulgar, para poder hacer el ofrecimiento de favorecer a Acosta Ossio, “abusando del cargo afectó seriamente los principios de la función pública”.
Según el juez Rodríguez Caez, no presentó los audios a tiempo y lo hizo tres años después, porque tenía miedo y se sentía intimidado, por lo que los guardó en una copia hasta que decidió presentarlos a la justicia.
Para la Procuraduría, el exsenador utilizó su cargo para realizar el ofrecimiento del dinero al juez.
“Eduardo Pulgar Daza sabía que estaba ofreciendo una remuneración económica indebida al juez de Usiacurí, valiéndose toda vez a su cargo de senador, para que en el curso de un trámite judicial favoreciera a los miembros de la junta directiva de la Universidad Metropolitana, que a su vez, patrocinaría su campaña en el 2018 para continuar como congresista , tan consiente era de su actual ilícito que invitó al juez Caez para hablar en privado y le encargo al juez que lo que le estaba proponiendo era un negocio que debía quedar solo entre ellos”, enfatizó el Ministerio Público.
El Festival de la Leyenda Vallenata, que este año se realizará en homenaje a Jorge Oñate, La Leyenda, sin duda, es uno de los eventos más importantes de la ciudad de Valledupar y el país, por lo cual se requiere de la implementación de acertadas estrategias de seguridad que garanticen el éxito de las actividades a desarrollar entre el 26 y 30 de abril.
Al respecto, el coronel Luis León, comandante de Policía Cesar, informó que durante los últimos días, ha tenido contacto con actores importantes del evento, de hecho el pasado lunes se realizó una reunión con miembros de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, para coordinar las acciones de seguridad y asesorarlos sobre el tema.
El coronel anunció que recibirá mil hombres, desde otros departamentos, que vendrán a apoyar al equipo local dispuesto para la seguridad del festival. “La Alcaldía de Valledupar aprobó un importante presupuesto para esta logística y se espera por la Gobernación del Cesar que también realizará un importante aporte”.
Este refuerzo permitirá hacer una muy buena planeación, además de estar asesorando a la FFLV, de manera organizativa, para que todo salga como se espera. Para esa planeación hay varios factores como el económico, porque si llega el apoyo de policías de otras regiones del país, se debe optimizar el talento humano.
Por otra parte, el coronel manifestó que se desplegarán campañas de cultura ciudadana, para que el Festival Vallenato siga siendo ejemplar a nivel país. Es promover el comportamiento ciudadano, hacer control social e irse preparando de manera logística, para sacar adelante el evento que causará un impacto social y de apertura económica en la región.
Tras adelantar una reunión extraordinaria de seguridad el presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá y los ministros del Interior y Defensa anunciaron el aumento de la recompensa por Javier Alonso Veloza García, alias ‘John Mechas’, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc quien sería el responsable del atentado Bogotá.
Según el Gobierno, se pagarán 5.000 millones de pesos por la información que permita dar con su paradero.
Además, se acordó destinar 120 hombres de inteligencia para dar capturas rápidas en la capital, instalar puestos de control de Ejército y Policía alrededor de Bogotá y en mayo un refuerzo de 1.000 policías provisionales.
Para garantizar la seguridad, la fuerza pública también instalará 20 puestos de control en principales corredores viales de Bogotá y se enfocarán en desarticular 36 grupos delincuenciales identificados.
En este encuentro, la Alcaldía de Bogotá señaló que acata, reconoce y cumple todas las alertas de las autoridades, también las de la Defensoría del Pueblo.
«Las alertas se tenían, sí se habían tomado medidas y precauciones, pero desafortunadamente el terrorismo criminal es así, lo que busca es sorprender, lo que busca es evadir los controles de las autoridades”, manifestó la alcaldesa Claudia López.
La Fiscalía tendrá que explicarle al juez 30 de Conocimiento por qué razón llevó a juicio a Carlos Mattos por cuatro delitos, aún sabiendo que en el trámite que permitió la extradición quedó estipulado que el empresario no podía ser procesado por todas esas conductas delictivas.
En el proceso judicial por el escándalo de corrupción Hyundai en Colombia, la Fiscalía imputó a Carlos Mattos los delitos de cohecho por dar u ofrecer; daño informático; utilización ilícita de redes de comunicaciones y acceso abusivo a un sistema informático.
La nueva defensa del empresario Mattos recordó a la Fiscalía y al juez que, en la autorización de extradición, la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España determinó que Mattos no podía ser enjuiciado por los dos últimos delitos, sin embargo, esas conductas se reflejaron en el preacuerdo que fue retirado.
El juez no tuvo más remedio que pedirle aclaraciones a la Fiscalía.
“Se considera necesario que la Fiscalía verifique y clarifique esa situación porque iniciar el juicio en contravía de un tratado de extradición podría generar algún tipo de desgaste innecesario al curso de la actuación y una vulneración a los derechos del señor procesado, de ahí que me parece atinada la manifestación de la Fiscalía en punto a clarificar cuál va a ser la intensión final en del procesamiento del acusado, si es que no desean llegar a una negociación como lo planteó el señor defensor”.
El fiscal del caso señaló que, y se pidió a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía una precisión, pues reconoció que no tendría sentido mantener en juicio al empresario Mattos por delitos por los que no podría ser condenado.
El juicio en contra de Carlos Mattos se reanudará el 7 de abril luego que el juez concedió un tiempo prudencial al defensor para que conozca el proceso del caso Hyundai.