Después de intensas negociaciones, el paro de camioneros, que ha afectado al país durante las últimas semanas ya fue levantado. El Gobierno y los representantes de los transportadores han alcanzado un acuerdo que modifica la Resolución 40350, aliviando parcialmente las tensiones en el sector.

Modificaciones a la resolución 40350

La resolución, que originalmente contemplaba un aumento de $1.904 en el precio del ACPM, ahora se ajustará a un incremento de $800 por galón para el resto de 2024. Este ajuste se realizará en dos etapas: el primer aumento se implementará una vez se publique la nueva resolución, y el segundo se llevará a cabo el 1 de diciembre de 2024.

Suspensión de aumentos adicionales

Además, se suspendieron los otros aumentos programados hasta que se comiencen a solucionar los problemas estructurales que afectan a los transportadores.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se dirigió a los presentes en la reunión y, segundos antes de firmar el acta del acuerdo entre el Gobierno y los camioneros, destacó la importancia de iniciar un trabajo conjunto para examinar y transformar los temas en discusión.

«Esto se va a normalizar, como bien lo acaban de decir ustedes, aquí empieza el trabajo. Es de verdad sentarnos en unas mesas a examinar todos los temas y buscar esa transformación», expresó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El presidente nos ha puesto una meta, antes de dos meses debemos tener los decretos y todos esos decretos hay que empezar. Esa es la meta

Reuniones futuras y ajustes pendientes

Para 2025, las partes deberán reunirse nuevamente para abordar el saldo pendiente del ajuste, que se estima en $5.200. En los próximos ocho días, se convocarán reuniones para iniciar las concertaciones necesarias y definir cómo se resolverá el monto restante.

Este acuerdo marca un paso importante hacia la estabilización del sector del transporte y la resolución de sus principales inquietudes, al tiempo que proporciona un respiro tanto para los camioneros como para los ciudadanos afectados por el paro.

¿Por qué protestaban los camioneros?

Los camioneros y conductores de otros tipos de vehículos se manifestaron en contra del incremento del precio del ACPM anunciado a finales de agosto por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El ajuste previsto era de 6.000 pesos entre este año y el próximo, dividido en tres aumentos semestrales de 2.000 pesos cada uno.

Con este aumento, el precio del galón de ACPM se situó, en promedio, en 11.360 pesos. Según el Gobierno, considerando la inflación desde el 1 de enero de 2020, cuando se congeló el costo del combustible, el precio actual debería ser alrededor de 13.200 pesos.

Los transportistas rechazaron la última oferta del Gobierno, que a su vez expresó que había llegado «hasta el límite» en las negociaciones y criticó la «actitud inflexible» del sector.

Además, tanto el Gobierno como organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias del paro, como el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar en atención a las graves afectaciones generadas por el paro de transportadores de carga como de otras modalidades de transporte, presenta su más enfático rechazo a esta equivocada manera de protestar pasando por encima de los derechos de la gran mayoría de los colombianos.

La protesta es un derecho constitucional que respetamos y defendemos, pero nos es posible gozar de él en la medida en que genere, como ocurre hoy con el paro de transportadores, una grave afectación a la libre circulación de los demás colombianos especialmente niños, adultos mayores, equipos médicos y personas enfermas.

Es claro, además, que el Gobierno Nacional ha cedido en las pretensiones de quienes protestan, muy a pesar de que el valor del Diésel en Colombia, es uno de los más bajos de la región a costa de los subsidios que pagamos todos los colombianos.

No obstante, su intransigencia hace que siga esta gran afectación a la economía y en general al desarrollo del país, por lo que hacemos un llamado urgente a que retornen a la mesa de conversaciones y acuerden la suspensión de esta protesta que afecta, profundamente, a toda la sociedad colombiana.

Aprovechamos para respaldar la posición asumida por el Consejo Nacional Gremial, cuyo contenido, se adjunta a la presente declaración pública que señala textualmente:

“Los 32 gremios que conforman el Consejo Gremial Nacional rechazan, enfáticamente, los bloqueos que se vienen presentando en diferentes partes del país. En el marco del ejercicio del derecho a la protesta pacífica, no pueden vulnerarse otros derechos fundamentales de la sociedad, como la libertad de circulación, el derecho al trabajo, el acceso a los alimentos y los servicios esenciales. Por lo tanto, invitamos al Gobierno Nacional y los transportadores activar mecanismos efectivos de diálogo y concertación que permitan llegar a una solución”.

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar y su Presidencia Ejecutiva, ofrecen su mediación y acompañamiento a la mesa de concertación nacional para impulsar una salida a este conflicto.

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución presidencial en la que denunció que el Gobierno del expresidente Iván Duque “compró” el software de espionaje israelí ‘Pegásus’, a través de la Dirección de Inteligencia Policíal de Colombia (DIPOL), por un monto de 11 millones de dólares.

Dicho sóftware, según indicó el presidente, está diseñado para “espiar celulares”, y la compra se habría dado en medio del estallido social del 2021, y en la antesala de la campaña presidencial. Por eso, cuestionó el mandatario si la compra fue “para espiar comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses, a los del principal partido de oposición de entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial ahora presidente”.

Ante esta denuncia, el jefe de Estado solicitó al director de la UIAF que entregue la información a la fiscal general de la Nación, y al comandante de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, que “encuentre el software, dentro o fuera de la DIPOL, y se la entregue a la Fiscalía General de la Nación, para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad de que sus derechos sean respetados por el Estado”. Dijo, además, que si es necesario acudirán a expertos internacionales.

El mandatario cerró su intervención preguntándose: “¿A quiénes más interceptaron?, ¿con qué orden judicial, como ordena la Constitución para que esas interferencias no sean delito?, ¿de dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional? ¿Es un lavado de activo hecho desde nuestro propio Estado, para interferir las comunicaciones… de quiénes?”.

Ahora bien, a finales de marzo de este año, el medio israelí Haaretz había revelado esta misma denuncia, asegurando que el Gobierno Duque había pagado era 13 millones de dólares. Sin embargo, en su momento, Caracol Radio consultó a miembros de la administración pasada, quienes negaron que es compra se hubiera realizado.

Las explicaciones que habían dado en su momento fuentes del Gobierno Duque es que ni siquiera posible que se haya llevado a cabo, debido a que las adquisiciones de ese tipo siempre debían ser ‘avaladas’ primero por Estados Unidos, por su acompañamiento en materia de inteligencia y seguimiento. Además, señalaban que ese tipo de compra debe realizarse por la Fiscalía General de la Nación, “que es la encargada de utilizar este tipo de equipos de inteligencia, y no el Ministerio de Defensa”.