La Sala Plena de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, aprobó el Acuerdo de Escazú, que busca la participación pública y el acceso a la información y a la justicia respecto a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El alto tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una ley que aprueba un tratado internacional, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley.
La Corte señaló que en el trámite legislativo que surtió la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú no era necesario agotar la consulta previa porque el Acuerdo no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas.
Dice que la regulación: » se enfoca en lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales”. Y también busca refrendar el compromiso por establecer un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente.
La Corte aclaró que esta Ley no estaba sujeto a la reserva de ley estatutaria.
