El uso de documentos falsos y la usurpación de identidad han llevado a Claudia Elena Lozano Doria a ser condenada a 12 años y nueve meses de prisión. Lozano Doria, quien se desempeñaba como directora de la seccional de la Fiscalía en La Guajira y actuó como fiscal en varias seccionales de la costa Caribe, ha sido identificada como una farsante que logró ocupar estos cargos sin estar debidamente calificada para ello.

A lo largo del periodo entre 2000 y 2013, Claudia Elena llevó a cabo un conjunto de actividades judiciales tales como solicitar órdenes de captura y cerrar expedientes judiciales. Todo esto sin haber completado estudios de derecho ni poseer tarjeta profesional de abogada. Según informó la Fiscalía, Lozano Doria utilizaba documentos falsificados para acreditarse como profesional del derecho.

La clave para su ascenso dentro del ente investigador fue una relación de amistad con María Consuelo Mestre, de quien tomó la tarjeta profesional y copió gran parte de la hoja de vida para presentarlos como propios. Esto le permitió escalar rápidamente posiciones en la Fiscalía, hasta su desenmascaramiento.

La verdad salió a luz cuando Lozano Doria intentó ingresar a la Judicatura de Valledupar utilizando los mismos documentos falsos. Los sistemas de verificación identificaron la discrepancia con los datos reales, evidenciando que no estaba registrada como abogada, lo que motivó una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía.Claudia Lozano Doria falsificó documentos y suplantó la identidad de su amiga, ascendiéndose en la Fiscalía General de la Nación durante más de una década – crédito Colprensa

Durante el juicio, la propia Mestre testificó en su contra, confirmando que tanto la tarjeta profesional como la hoja de vida eran de su autoría y que Lozano Doria únicamente había modificado el nombre y la cédula. Este testimonio fue decisivo para la condena de Lozano Doria.

Según la Fiscalía, la condenada llegó a tener la confianza de sus superiores y compañeros, aunque nunca estuvo realmente capacitada para las funciones que desempeñaba. Las acciones judiciales que llevó a cabo durante más de una década están ahora bajo escrutinio para determinar cuántos casos pudieron haber sido afectados por su falta de formación y certificación.

La sentencia también viene a demostrar las fallas en los procesos de comprobación y la facilidad con la que se pueden manipular sistemas cuando se cuenta con documentos falsos. En este sentido, las autoridades judiciales están revisando sus procedimientos para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir.

Lo que hizo la falsa funcionaria mientras estuvo en la Fiscalía

Entre 2000 y 2013, Lozano Doria desempeñó múltiples funciones dentro del sistema judicial colombiano, incluyendo solicitudes de órdenes de captura y la apertura de investigaciones. Su ascenso fue meteórico, alcanzando posiciones como directora seccional de Fiscalías en La Guajira.

Lo que hace especial este caso es que Claudia Lozano Doria nunca estudió Derecho ni contaba con certificaciones profesionales requeridas por la ley colombiana para ejercer como fiscal. Según la Fiscalía General de la Nación, Lozano Doria falsificó documentos y suplantó la identidad de su amiga María Consuelo Mestre, una abogada real, copiando su hoja de vida para obtener un empleo técnico en la Sección Judicial de Montería en septiembre de 2000. Con estas falsas credenciales, rápidamente escaló posiciones dentro del organismo judicial.

Este engaño duró más de una década  en el ente a cargo de la investigación de los delitos, debido a la deficiente verificación de documentos. Según testigos, en la Fiscalía prevalecía el “principio de la buena fe” al recibir y registrar los documentos de los aspirantes.

El proceso judicial contra Lozano Doria se basó en acusaciones de fraude procesal y falsedad en documento privado. Aunque en un primer momento firmó un preacuerdo para reducir su pena, la falta de cooperación de su defensa la llevó al juicio. Durante el juicio, su examiga, María Consuelo Mestre, testificó en su contra, confirmando que Lozano Doria utilizó su hoja de vida y sus títulos de abogada para ascender en la Fiscalía.

El escándalo no terminó con la revelación de su fraude. Las acciones de Lozano Doria durante su mandato también fueron revisadas, generando un centenar de denuncias penales y demandas civiles contra ella por actuaciones ilegales.

En una finca propiedad de Álvaro De Castro, ubicada en zona rural del municipio de Valledupar, a la altura del puente Callao, en el Cesar, quedó en evidencia la problemática del abigeato y ‘carneo’ de animales vacuno y caprino que se está presentando en esta región.

De acuerdo con el afectado, los hechos sucedieron el domingo en horas de la noche cuando cuatro delincuentes armados ingresaron a su predio y amordazaron al administrador, luego de obligarlo a entregarle las llaves del portón principal que luego abrieron para que ingresara un moto carro.

Posterior a ello, los ladrones se dirigieron hasta el corral donde estaban encerrados los animales y mataron dos vacas y seis chivos.  

“Sacrificaron a los animales y ahí mismo los pelaron dejaron puro los huesos llevándose las carnes toda la pulpa, que subieron a la moto carro.  Al trabajador lo encañonaron para obligarlo entregar las llaves y también lo dejaron encerrado. Esto es una situación que no es la primera vez que sucede  generando pérdidas millonarias estimadas de 50 millones en cada hurto que con este ya es el tercero. En esta zona estos robos son frecuentes en todas las fincas”, dijo Álvaro De Castro.

De igual manera contó que esto es una problemática que es de conocimiento de las autoridades, pero solo llegan policías luego de los hechos, “toman los datos y se van no vuelven. Prácticamente estamos trabajando para los ladrones, yo puse un celador, pero las ganancias no dan para esto. Ahora la situación es peor porque antes los sacrificaban en los potreros al estar el ganado disperso, pero ahora los ladrones entran a los corrales y es una carne que diariamente está entrando a Valledupar para ser comercializada”, puntualizó De Castro.

Al respecto, el comandante encargado de la Policía Metropolitana, coronel Wilson Álvarez, que al conocerse el caso se inició las investigaciones respectivas con entrevista al administrador de la estancia.

“Esta la etapa investigativa para esclarecer los hechos, les hemos dicho a los propietarios de los predios que existe la red de cooperantes que están en constante comunicación con la Policía Nacional. Además le hemos entregado recomendaciones a los afectados y se está haciendo un trabajo en conjunto con la administración municipal para realizar controles en los expendidos de carnes que quizás no se hace en establecimientos públicos sino que se está haciendo directamente en los hogares sin cadena de frío”, expresó el oficial.

Como Miguel Gámez, fue identificado por las autoridades el hombre de 71 años, asesinado de un impacto de bala mientras se dirigía a su finca a las afueras del municipio del El Copey, en el departamento del Cesar.

La víctima se desplazaba en una motocicleta Honda XR-190 cuando al parecer, fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon directamente en la cabeza.

Este hecho ha generado gran angustia y preocupación entre sus familiares, quienes desconocían que Gámez estuviera enfrentando alguna situación de riesgo, como persecución o extorsión.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional, realizaron la inspección técnica del cadáver.

El hombre era pensionado de la empresa palmicultora Gremca, donde había trabajado antes de su retiro. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer este homicidio.