En un documento de 214 páginas, la Contraloría General de la República dejó plasmadas sus conclusiones de una auditoría financiera realizada al Fondo de Adaptación en la que se determinaron en total 18 hallazgos administrativos de los cuales tres tienen incidencia fiscal por 9.300’091.522 pesos, uno fue trasladado para apertura de indagación preliminar, y nueve fueron hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, los cuales serán trasladados a las instancias competentes.

La auditoría se realizó sobre la vigencia 2023 y en ella se evaluaron los estados financieros y la ejecución presupuestal del Fondo de Adaptación, entidad que fue creada en 2010 para implementar estrategias en el territorio para la adaptación al cambio climático.

Al analizar la contratación en el Fondo, la Contraloría cuestionó, entre otras cosas, el estado de los anticipos pendientes de legalizar, pues estos presentaban en su mayoría procesos por presunto incumplimiento de los contratos.

“Se observa que estos contratos fueron suscritos entre los años 2012, 2013 y 2015 y debían terminar en 2023 esta situación genera incertidumbre sobre el cumplimiento de su objeto contractual”, se lee en la auditoría.

Los hallazgos

Uno de los hallazgos más cuantiosos es por más de 6 mil millones de pesos y tiene que ver con el contrato 2015-C-0076, para la construcción de la IPS Saúl Quiñónes en el municipio de Magüí Payán, Nariño. En este punto la Contraloría dijo que se observó en la contabilidad un saldo por legalizar del anticipo que no ha sido amortizado pese a que el contrato terminó su plazo contractual el 10 de marzo de 2023.

Así mismo, la entidad encontró que no se desarrolló la totalidad del objeto contractual y lo ejecutado no cumple con su objetivo pues no está en servicio, ya que hay deterioro por moho, descuido físico, afectaciones por vandalismo, vidrios rotos, entre otros.

“Estas situaciones presentadas en el contrato en mención y dado que la obra no está cumpliendo con su objeto y de acuerdo con la información de la interventoría presenta incumplimiento, se determina un daño patrimonial al Estado en cuantía de $6.640.771.076.31, valor que corresponde a los pagos realizados por el Fondo Adaptación al contratista, dentro del cual se encuentra incluido el valor del anticipo no amortizado por $189.373.162.93”, dijo el órgano de control.

En segundo lugar, la auditoría llama la atención sobre el contrato 2013-C-0002-20V0159, derivado del contrato 002 de 2013, que tenía por objeto construir hasta 130 soluciones de vivienda de interés prioritario en la urbanización Altos de Ararat II, ubicada en el corregimiento Carmen del Magdalena, en Plato (Magadalena).

Sin embargo, el órgano de control evidenció que ese contrato está terminado y en estado de incumplimiento, y aun así, en la contabilidad del Fondo de Adaptación se observó un saldo por legalizar del anticipo del contrato.

“Las soluciones de viviendas que se tenían que cubrir con el desarrollo del contrato no han sido entregadas totalmente a los beneficiarios, por tanto, el valor del contrato 2013-C-0002-20-V0159 se constituye en un daño patrimonial al Estado en cuantía de $2.643’415,946, correspondiente al valor pagado”, se determinó.

El tercer hallazgo fiscal tiene que ver con el pago de multas y sanciones, pues se estableció que el Fondo de Adaptación tuvo que pagar una sanción a la Dian por $15’904.500 por la presentación extemporánea de la información exógena de la vigencia 2022.

En cuanto al hallazgo por el cual se pidió abrir una indagación preliminar, este tiene que ver con la amortización del anticipo del contrato 3553 de 2015, derivado del convenio interadministrativo 061 de 2013, cuyo objeto era la ejecución descentralizada del proyecto de recuperación, construcción y reconstrucción de las áreas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, en la cuenca hidrográfica del río Fonce, en los municipios santandereanos de Enciso, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Páramo, Valle de San José, Ongaza, San Joaquín, Mogotes, San Gil, Pinchote y Barichara.

“Se estableció el desembolso de un anticipo del 30% del valor del contrato, que correspondió a $1.059.343.275,80 el cual fue girado el contratista, sin embargo, vencido el plazo contractual el 31/10/2021, existe un saldo pendiente por amortizar del anticipo por $167.267.829,85 y pese a que posterior al vencimiento contractual el 3 de febrero de 2023 se suscribió el Acta de Recibo Final Unilateral y el 21/12/2023 el Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo, donde se establecieron acuerdos entre la gobernación de Santander y el contratista, aún están pendiente de pago las Actas Parcial 10, la del Plan de Manejo Ambiental y el Acta Final y de esta manera amortizar el anticipo, sin embargo, al 10/04/2024, el Fondo Adaptación informó que el contratista no ha presentado las actas para el pago de los recursos adeudados y por tanto, no se ha legalizado la totalidad del anticipo”, dice la auditoría.

Se añade que la única garantía de cumplimiento en el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo venció el primero de abril de 2022.

“Transcurridos dos años y cinco meses desde la finalización del plazo contractual y suscrita el acta de liquidación, el contratista no ha logrado legalizar $167.267.829,85, por concepto de anticipo, recursos provenientes del Convenio 061 de 2013, sin embargo, existen recursos por pagar al contratista, por lo tanto, se determina el hallazgo administrativo para indagación preliminar”, se lee.

Por todo lo anterior, la auditoría culmina diciendo que el Fondo de Adaptación tendrá que elaborar un plan de mejoramiento, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo para subsanar los hallazgos identificados.