La Alcaldía de Valledupar, a través del decreto 001190 del 12 de septiembre de 2023, decidió que el próximo 27 de septiembre, en esta ciudad, transcurra el Día sin moto y carros, como un mecanismo de promover la movilidad sostenible, la cultura ciudadana tendiente a valorar el uso de modelos de transporte más eficiente como el Sistema Estratégico de Transporte Colectivo, el taxi y la práctica de movilidad activa, como la bicicleta, patinetas eléctricas o caminatas.

Además por medio de esta jornada se busca generar conciencia ambiental, tendiente a la disminución de gases de efecto invernadero, material partículado, contaminación auditiva, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

“Nos estamos uniendo a la jornada de la movilidad sostenible que ha sido motivada por el Ministerio de Transporte, el propósito es que se unan todos los ciudadanos y que usen el transporte público y se apropien de la movilidad sostenible”, indicó la secretaria de Tránsito Municipal, Margarita Daza.

De esta medida quedan excluidos los vehículos del Estado y organismos de socorro por si se llegara a presentar una eventualidad de riesgo.

Por su parte, Fenalco, seccional Cesar, dio a conocer que de esta decisión se enteraron por redes sociales y no de manera oficial por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal.

En el comunicado indican que esto sería perjudicial para el sector comercio y que la administración municipal si busca reducir la contaminación ambiental, esto debe hacerse a partir de estudios serios y análisis de los resultados que indiquen que la corrección está en la restricción del transporte particular.

“En Fenalco, Cesar, nos oponemos a esta medida por inconveniente para el comercio, y aún para la comunidad en general e invitamos a su Despacho, y aún a la Alcaldía a apoyarse con los gremios para buscar objetivos de ciudad que beneficien al colectivo en general. Tenemos las puertas y la disposición abiertas para construir competitividad para todos sin destruir a unos”, destacó el comunicado de Fenalco.

El Consejo Superior de la Judicatura, a través de una publicación en la red social X (Twitter), comunicó en la noche de este miércoles 13 de septiembre a todo el país sobre el acuerdo PCSJA23-12089, en el cual se resuelve la suspensión de los términos judiciales en el territorio nacional, a partir del día 14 y hasta el 20 de septiembre de 2023, por cuenta de los recientes ataques cibernéticos a entidades del Estado.

Se trata de ciberataques a la rama judicial adscritos a IFX Networks Colombia S.A.S., compañía que presta servicio de almacenamiento de datos a varias entidades del Estado.

Lo que sí dejó claro el Consejo Superior de la Judicatura es que dicho acuerdo para la suspensión de términos no cuenta para las acciones de tutela, hábeas corpus y la función de control de garantías.

Desde el pasado martes al menos cuatro entidades estatales como las Superintendencias de Industria y Comercio, y Salud, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Salud, quedaron sin servicios virtuales por un ‘Ransomware’ o un secuestro digital de información contra IFX Network, compañía estadounidense de internet que trabaja con los portales afectados. El código malicioso impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta.

Por ello el Gobierno convocó un puesto de mando unificado de manera urgente para analizar lo sucedido y emprender un plan de contingencia.

Y la Fiscalía anunció este miércoles en sus redes sociales que investiga los ataques cibernéticos a través de la Dirección Especializada Contra los Delitos Informáticos, destacando un fiscal y un equipo de policía judicial para que adelante la investigación correspondiente.

El Tribunal Administrativo del Cesar falló a favor de la Procuraduría General de la Nación y le impuso una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al Alcalde de Valledupar, Mello Castro González, por incumplir una orden judicial emitida por el mismo tribunal en julio de 2021.

Según el fallo, aunque se le había requerido al mandatario definir, en un término de 12 meses luego de emitida la orden, el sitio específico para la disposición final de los residuos de construcción y demolición del municipio, el cual cumpliera con las licencias ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar-, éste no fue entregado por lo que fue considerado como incidente de desacato.

Así mismo, no fue cumplida la orden que le pedía, en el lapso de un mes contado a partir de esa autorización de Corpocesar, iniciar el proceso de contratación y adecuación del sitio. La decisión también expone que, tampoco fueron remitidos los datos de la medición de los escombros y residuos de demolición dispuestos en los inmuebles autorizados por el ente territorial, tal como lo exigía el tribunal administrativo en el mencionado fallo.

“No se desconoce que el asunto que nos ocupa es complejo, pues entraña aspectos presupuestales, de planeación, de infraestructura, entre otros, que dificultan la ejecución de la orden popular dentro de los plazos establecidos, pero se reprocha la pasividad e inactividad que aflora de las pruebas aportadas por el ente territorial, lo que hace imperioso sancionar al municipio de Valledupar con veinte (20) smmlv, por el incumplimiento del fallo emitido el 22 de julio de 2021” se lee en la decisión.